El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un nuevo conjunto de proyectos de ley orientados a desregular sectores clave de la economía. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger en coordinación con el Ministerio de Economía, tiene como ejes principales la reforma integral del Código Aduanero, la reconfiguración del mercado inmobiliario y la modificación del régimen de cabotaje para el transporte por agua entre puertos argentinos.

En el plano inmobiliario, la propuesta busca redefinir el corretaje para que deje de ser considerado una profesión liberal y pase a encuadrarse como un servicio de intermediación comercial. La medida apunta a eliminar la obligatoriedad de la matrícula en los colegios profesionales, reestructurar el funcionamiento de estas entidades y permitir la operación inmobiliaria sin restricciones geográficas entre jurisdicciones. En paralelo, la reforma del Código Aduanero persigue una reducción drástica de la burocracia para la importación y exportación, modificaciones en la dotación de personal de control y una revisión de las penalidades ligadas al delito de contrabando.

Por su parte, los cambios previstos en la Ley de Cabotaje prometen abrir un fuerte debate con navieras, gremios y la marina mercante local. El texto busca autorizar que buques con bandera y tripulación extranjeras puedan prestar servicios de navegación marítima y fluvial dentro del país, además de modificar el régimen de los prácticos de puerto, con el objetivo de recortar los costos logísticos a través de una mayor competencia. Aunque en un principio trascendió que los borradores incluían un pedido de facultades delegadas bajo emergencia administrativa para acelerar estas reformas por decreto, altas fuentes del Ejecutivo desmintieron categóricamente esa alternativa y confirmaron que las normativas continúan en revisión antes de su envío a las cámaras.

El desembarco de este paquete legislativo se producirá en un escenario parlamentario desafiante para el oficialismo. La semana pasada, la sesión que debatía el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada debió pasar a cuarto intermedio tras la falta de acompañamiento de bloques aliados, reacios a votar la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros. La controversia sumó tensión interna luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionara la norma al señalar que comprometía la integridad territorial. A este panorama incierto en el Senado se suma el trámite pendiente de la Ley Hojarasca y la futura discusión de la Ley General de Sociedades, enfocada en la regulación de la inteligencia artificial.