Con las persianas del Congreso de la Nación bajas por el receso invernal, resulta inevitable pasar en limpio la producción legislativa del oficialismo durante la primera mitad del año. El diagnóstico arroja un escenario de contrastes marcados: por un lado, la Casa Rosada logró anotar en su haber reformas de alto impacto político y económico; por el otro, el balance expone una notable distancia respecto a las ambiciosas metas fijadas por Javier Milei el pasado 1 de marzo, cuando prometió ante la Asamblea Legislativa el envío de paquetes de proyectos en forma de "oleadas mensuales". Esa proyección chocó de frente tanto con las sobreexpectativas de una narrativa refundacional como con crisis políticas autoinfligidas que paralizaron la gestión, centralizadas en el prolongado desgaste en torno a la figura de Manuel Adorni.

Bajo la máxima de la realpolitik de que en el tablero "las negras también juegan", la oposición supo capitalizar el aturdimiento gubernamental provocado por el escándalo del entonces funcionario. Sectores que habitualmente transitan por andariveles ideológicos dispersos unieron fuerzas para golpear en simultáneo, logrando imponer y disputar la agenda pública durante buena parte del semestre. Este frente de resistencia actuó como un dique de contención para el ímpetu ultra reformista del Ejecutivo, ralentizando el ritmo de las transformaciones pretendidas por Balcarce 50.

El mapa de las conquistas y los proyectos encallados

A pesar de la marcha forzada, el oficialismo construyó un camino de triunfos legislativos significativos que comenzó a edificarse en las sesiones extraordinarias de verano. En febrero, la Cámara de Diputados dio luz verde al Régimen Penal Juvenil que redujo la edad de imputabilidad a los 16 años y, apenas una semana después, aprobó una ambiciosa reforma laboral; ambas iniciativas obtuvieron la sanción definitiva del Senado antes de que terminara el mes. Con el inicio del período ordinario, la Cámara alta aprobó la flexibilización de la Ley de Glaciares para abrir el juego a la explotación económica en ambientes periglaciales, norma que Diputados convirtió en ley a principios de abril.

El último gran hito del semestre para el Gobierno se concretó a fines de junio en la Cámara baja, donde no solo se convalidó el plan de pago a acreedores por la deuda residual de 2001, sino que obtuvo media sanción el ansiado Súper RIGI. Este régimen, diseñado para atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en "industrias de frontera" como inteligencia artificial y biotecnología, aguarda ahora el turno de su debate en el Senado una vez concluido el receso.

No obstante, la parálisis legislativa afectó a una larga lista de prioridades oficiales. Las medias sanciones de la Ley Hojarasca y de la reducción de subsidios al gas por "zonas frías" permanecen atascadas en la Cámara alta debido a las complejas maniobras de negociación que debe tejer el oficialismo. En el mismo limbo de comisiones o postergaciones quedaron el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada -suspendido cuatro veces en el recinto del Senado-, la ley anti barrabravas, la ley de lobby, la reforma de financiamiento universitario y los debates para derogar el Etiquetado Frontal o abordar la ludopatía digital.

Perspectivas para la segunda mitad del año

Pese al freno de mano con el que concluyó el período, en la Casa Rosada predomina el entusiasmo de cara a la reanudación de la actividad en agosto. El optimismo se fundamenta en un panorama político renovado: el Gobierno siente haber recuperado iniciativa e imagen pública tras desprenderse del costo político que significaba la continuidad de Adorni en la estructura del Gabinete.

Para el segundo semestre, el núcleo de la agenda legislativa del oficialismo promete alta tensión y debates estructurales. El plato fuerte será la discusión del Presupuesto 2027, condicionado por la propuesta de implementar un mecanismo de shutdown (cierre) del Estado, al que se sumarán los proyectos de reforma electoral y las modificaciones clave a la Carta Orgánica del Banco Central. A este repertorio inicial podría acoplarse la nueva Ley de Sociedades Generales, la última carta que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca poner sobre la mesa para relanzar los planes de desregulación económica del Gobierno.