El Gobierno nacional avanza con las negociaciones para impulsar una reforma electoral, aunque todavía enfrenta dificultades para reunir los consensos necesarios en el Congreso. Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno a las PASO y al sistema de colectoras, mientras los gobernadores reclaman garantías antes de acompañar la iniciativa.

"Las colectoras nos sirven a la mayoría, pero quién nos garantiza que después Karina Milei nos deje acoplar nuestras listas. Estamos dispuestos a acordar pero tiene que quedar todo muy claro", planteó uno de los mandatarios provinciales que mantiene una postura dialoguista y que recientemente pasó por el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Pese a las diferencias, en la Casa Rosada confían en que la reforma pueda convertirse en ley durante el tercer trimestre del año. Para conseguir los votos, el Ejecutivo se muestra dispuesto a negociar distintos aspectos del proyecto, aunque existen tres puntos que el presidente Javier Milei considera innegociables: reducir la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a las urnas, evitar el costo estimado de 300 millones de dólares que implicarían las primarias y eliminar los espacios publicitarios obligatorios en los medios de comunicación.

Sin embargo, la eliminación definitiva de las PASO aparece como uno de los principales obstáculos. Cerca de Santilli reconocen que actualmente no existen los votos suficientes para derogarlas de manera permanente. Entre las alternativas que se analizan figuran suspenderlas por única vez o establecer que dejen de ser obligatorias.

El jefe de Gabinete quedó al frente de buena parte de las negociaciones políticas, acompañado por Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem. La estrategia apunta inicialmente a conseguir el respaldo de los gobernadores para luego avanzar sobre los bloques parlamentarios, especialmente el PRO y el radicalismo.

Desde el oficialismo consideran fundamental que el proyecto consiga un respaldo amplio en el Senado, debido a que el acompañamiento de los representantes provinciales podría no resultar suficiente posteriormente para garantizar su aprobación en la Cámara de Diputados.

La intención del Gobierno es avanzar con la reforma durante septiembre, antes de que la discusión parlamentaria quede concentrada en el Presupuesto. De todas formas, dentro del Ejecutivo reconocen que el plazo máximo es el 31 de diciembre, bajo la premisa de que las reglas electorales no deberían modificarse durante el mismo año en que se celebrarán los comicios.

Otro de los puntos que genera desconfianza entre los gobernadores es la posibilidad de conformar alianzas electorales con La Libertad Avanza. Los mandatarios provinciales buscan garantías de que podrán acoplar sus listas a la candidatura presidencial y evitar cambios de último momento durante el cierre de listas.

Las dudas también existen dentro del propio oficialismo. Referentes libertarios de distintas provincias advirtieron sobre el riesgo de que, en aquellos distritos donde las elecciones locales sean desdobladas, los gobernadores excluyan a La Libertad Avanza de sus acuerdos territoriales y posteriormente no trabajen para impulsar la candidatura presidencial en las elecciones nacionales de octubre.

En paralelo, la negociación con el PRO representa otro desafío para el Gobierno. Si bien el vínculo entre Milei y Jorge Macri atraviesa un momento de mayor acercamiento y existe predisposición para analizar una fórmula de unidad que evite dividir el voto antikirchnerista en la Ciudad de Buenos Aires, la relación con Mauricio Macri continúa siendo más compleja.

El expresidente mantiene su defensa de las PASO y se encuentra distanciado de Milei. Su postura genera inquietud dentro de la Casa Rosada, donde interpretan que podría mantener abierta la posibilidad de construir una alianza con otras fuerzas políticas.

La posición de Mauricio Macri también podría generar diferencias internas dentro del PRO. En el Gobierno consideran que el debate por la reforma electoral divide posiciones dentro del bloque de Diputados que conduce Cristian Ritondo, especialmente ante la posibilidad de que gobernadores del partido y dirigentes como Jorge Macri terminen respaldando un entendimiento con el oficialismo.

Así, mientras la Casa Rosada busca acelerar las negociaciones para conseguir la aprobación de la reforma antes de fin de año, la eliminación o suspensión de las PASO, las garantías sobre las futuras alianzas y la relación con los gobernadores y el PRO aparecen como los principales obstáculos que todavía deberá resolver.