Procesan al exgobernador kirchnerista Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira por fraude con tierras públicas en Chaco
La Justicia Federal investiga la adjudicación irregular de más de 3.600 hectáreas a empresarios vinculados a la pareja de la exfuncionaria. Aunque descartó lavado y enriquecimiento ilícito, el juez Fernando Carbajal consideró que hubo desvío de bienes del Estado.
Jueves, 16 de Julio de 2026
La Justicia Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña procesó al exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y a la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Marta Elena Soneira, en una causa que investiga la entrega irregular de tierras fiscales a empresarios vinculados a la pareja de la exfuncionaria.
La resolución, dictada por el juez federal Fernando Carbajal, los señala como presuntos coautores de fraude contra la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo también alcanza a Mauricio Ariel Cian, pareja de Soneira, y a los empresarios Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón en calidad de partícipes. El expediente se centra en la adjudicación de cuatro campos que suman 3.635 hectáreas en el departamento Almirante Brown. Según la investigación, dos parcelas contiguas de 1.250 hectáreas cada una fueron otorgadas de forma sospechosamente coordinada a Storti y Bessone a través de proyectos productivos iniciados el mismo día y con descripciones prácticamente idénticas. Las tierras restantes fueron entregadas a Pochón.
El conflicto de interés medular de la causa radica en que los tres beneficiarios mantenían estrechos vínculos comerciales en empresas agropecuarias con Cian, la pareja de la entonces ministra Soneira, quien intervino directamente en los trámites a pesar de su deber legal de apartarse. Por su parte, la imputación sobre Capitanich se fundamenta en su firma para autorizar y perfeccionar la transferencia de estos inmuebles provinciales. El exmandatario intentó defenderse argumentando que su intervención era una mera ratificación formal y obligatoria exigida por la ley para adjudicaciones mayores a 300 hectáreas, acusando además al fiscal Carlos Amad de inventar la acusación.
Sin embargo, el juez Carbajal rechazó este descargo, advirtiendo que la rúbrica del gobernador no es un trámite burocrático autómata, sino que implica una responsabilidad de control sustancial sobre la legalidad y conveniencia de desprenderse de los activos del Estado. A pesar de la gravedad de los procesamientos, el magistrado redujo de manera considerable el alcance de la imputación original impulsada por la Fiscalía. Carbajal descartó los cargos por lavado de activos al no detectar maniobras posteriores de ocultamiento o blanqueo, así como el delito de enriquecimiento ilícito, ya que no se constató un incremento patrimonial desproporcionado en los exfuncionarios implicados. De igual forma, se rechazaron las acusaciones por malversación de caudales públicos y desvíos de fondos vinculados a subsidios forestales o beneficios industriales. Finalmente, el fallo dictó la falta de mérito para Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización, y para el empleado administrativo Darío Giménez, quienes seguirán bajo investigación pero sin prisión preventiva ni procesamiento firme por el momento. En contraposición, los hermanos de la exministra, Federico y Diego Soneira, resultaron totalmente sobreseídos al comprobarse su ajenidad en los hechos. Ante la caída de la figura de lavado de activos, que era el delito federal que sostenía la competencia del juzgado de Carbajal, se prevé que el expediente sea derivado próximamente a los tribunales de la justicia ordinaria de la provincia de Chaco.
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