La histórica sanción de la ley que regula la eutanasia y el suicidio asistido en Francia generó un fuerte impacto político en Mendoza. Los ministros locales Rodolfo Montero (Salud y Deportes) y Jimena Latorre (Energía y Ambiente) celebraron públicamente la decisión de la Asamblea francesa y reclamaron que la Argentina retome con urgencia el debate legislativo para reconocer el derecho a decidir sobre el final de la vida en casos de enfermedades incurables o irreversibles.

La nueva legislación francesa, aprobada con 291 votos a favor y 241 en contra tras un impulso del presidente Emmanuel Macron, autoriza la ayuda médica para morir a pacientes mayores de edad con dolencias graves, incurables y en fase avanzada, bajo un estricto protocolo que exige una solicitud escrita y una evaluación médica colegiada. Con esta norma, Francia se suma a un grupo de naciones pioneras que incluye a Bélgica, Suiza, Canadá y Uruguay.

En sus redes sociales, el ministro Montero calificó la medida europea como un "debate civilizatorio que pone en el centro la libertad individual" y aseguró que garantizar una muerte digna es humanizar el final de la vida cuando la medicina ya no ofrece cura. En sintonía, la ministra Latorre defendió la libertad elemental de decidir cómo dejar de vivir y recordó la urgencia de dar una respuesta institucional a los ciudadanos bajo los principios constitucionales.

El reclamo de la dirigencia mendocina tiene un fuerte arraigo local, ya que la provincia lideró en 2022 la presentación de varios proyectos de ley en el Congreso de la Nación, como "Buena muerte" e "Interrupción voluntaria de vida". Estas iniciativas se inspiraron profundamente en la lucha de Daniel Ostropolsky, un prestigioso abogado mendocino que padeció Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y batalló públicamente por la legalización de esta práctica antes de fallecer.

Actualmente, el ordenamiento jurídico argentino prohíbe la eutanasia activa, permitiendo únicamente lo establecido en la Ley de Muerte Digna de 2012. Esta norma autoriza a los pacientes terminales a rechazar tratamientos o soportes médicos que prolonguen artificialmente su vida de forma dolorosa, pero impide de manera taxativa que los profesionales de la salud intervengan de forma directa para provocar el deceso del paciente.

Pese a que las propuestas parlamentarias presentadas anteriormente no lograron prosperar, los funcionarios mendocinos confirmaron que las discusiones técnicas siguen activas en el ámbito nacional. El tema forma parte de la agenda de la Comisión de Bioética de la Nación, donde Mendoza mantiene participación y busca sentar las bases para una futura ley que equipare la legislación local con las corrientes de vanguardia internacional.