El Gobierno planea reformar la Ley de Administración Financiera este año, en línea con las discusiones fiscales con el FMI. El objetivo es reforzar el control sobre los recursos estatales, blindar el déficit cero y reducir la influencia legislativa sobre el presupuesto. 

Esta reforma estructural busca establecer nuevas reglas para decisiones con impacto presupuestario y otorgar a la Casa Rosada mayor discrecionalidad en la administración del gasto, especialmente en casos de superávit o cambios en la recaudación. El FMI respalda esta iniciativa, enfatizando la necesidad de mantener la estabilidad fiscal y la previsibilidad a largo plazo. 

La reforma también busca endurecer la exigencia de financiamiento para leyes con costo fiscal y otorgar al Ejecutivo más herramientas para reasignar partidas durante el ejercicio presupuestario, buscando un equilibrio entre las facultades del Congreso y la capacidad del gobierno para cumplir sus metas fiscales.