El Gobierno creó una mesa de coordinación especial para prevenir el lavado y el narcotráfico en proyectos del RIGI
A través de la Resolución 461/2026, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un monitoreo preventivo sobre los emprendimientos estratégicos en sectores clave como minería y energía. La medida busca evitar la infiltración del crimen organizado en siete provincias prioritarias, entre ellas Mendoza, San Juan y Neuquén, sin generar nuevas cargas burocráticas para las empresas.
Miercoles, 20 de Mayo de 2026
El Gobierno nacional puso bajo la lupa los riesgos asociados al narcotráfico, el lavado de dinero y la criminalidad organizada en torno a los millonarios proyectos que se incorporan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad de la Nación formalizó la creación de una mesa especial de coordinación destinada a monitorear y mitigar potenciales amenazas sobre estos emprendimientos estratégicos, enfocados en los sectores de minería, energía, industria, tecnología y turismo. La iniciativa, impulsada de forma directa por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, tiene como propósito articular el despliegue de las fuerzas federales, las administraciones provinciales y el sector corporativo privado para bloquear la infiltración de estructuras delictivas. Desde la conducción oficialista advirtieron la existencia de riesgos concretos vinculados al blanqueo de activos, la corrupción pública y privada, la extorsión y la inserción criminal dentro de actividades económicas formalmente lícitas. La Casa Rosada justificó la urgencia de la medida en la fuerte aceleración y el volumen que adquirió el régimen de incentivos. El texto oficial detalla que, hacia fines de 2025, el sistema ya contabilizaba una docena de proyectos de gran envergadura aprobados de manera formal, consolidando compromisos de inversión conjuntos por encima de los 13.000 millones de dólares. A este flujo se añade una cartera activa de más de veinte proyectos adicionales que actualmente atraviesan diversas instancias de evaluación técnica y legal. De acuerdo con los fundamentos de la Resolución 461/2026, las inversiones se concentran en múltiples jurisdicciones provinciales estratégicas, destacándose los casos de San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Esta amplia dispersión territorial y la coexistencia de diversos contextos logísticos, productivos y de seguridad son los factores que vuelven indispensable una articulación aceitada con las autoridades locales. La nueva estructura funcionará como un ámbito permanente de articulación interinstitucional. Su conformación base estará integrada por la Secretaría de Seguridad de la Nación, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia y los comandos de las fuerzas federales de seguridad. Asimismo, el diseño normativo faculta la convocatoria periódica de los ministerios y cuerpos policiales de las provincias implicadas, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar). El esquema prevé además un canal de cooperación directa con las empresas privadas, las cámaras empresarias del sector, los operadores logísticos y los concesionarios de infraestructura vial y portuaria. No obstante, desde el Poder Ejecutivo aclararon de forma taxativa que la medida no implicará la creación de nuevas cargas burocráticas ni sobrecostos financieros para las compañías aportantes, sino que se concentrará en el desarrollo e implementación de protocolos de prevención conjuntos, capacitaciones de personal y canales ágiles para el reporte de perfiles de riesgo. Desde el punto de vista normativo, la mesa se constituye como una herramienta de acompañamiento a las inversiones del RIGI con el fin de robustecer la seguridad jurídica, disminuir los riesgos operativos en territorio y aportar certeza respecto a la continuidad y el normal desenvolvimiento de las obras en un entorno protegido. Dentro de esta ingeniería de control, cobrarán un rol preponderante la Unidad Antimafia -puesta en marcha originalmente en 2024- y el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, creado el año pasado con el fin específico de monitorear el tráfico de estupefacientes y el desvío ilegal de precursores químicos. Finalmente, las autoridades ministeriales señalaron el impacto social adyacente que conllevan estos desarrollos de gran escala. El documento de cierre advierte que en los contextos de grandes proyectos de inversión, la dinámica poblacional, laboral y urbana asociada a su despliegue puede generar escenarios de vulnerabilidad social, por lo que resulta pertinente incorporar estrategias de sensibilización, prevención, asistencia y fortalecimiento comunitario en el marco de las políticas públicas vigentes.
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