La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y giró al Senado el proyecto de "Ley Hojarasca", la iniciativa central del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para depurar el digesto jurídico nacional mediante la derogación de más de 70 normativas que el Poder Ejecutivo considera perimidas, inútiles o restrictivas de las libertades individuales.

Tras un intenso debate en el recinto, el texto oficialista cosechó 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones. Con este resultado, el Gobierno de la Libertad Avanza logra un triunfo legislativo clave y traslada la discusión a la Cámara alta, donde buscará obtener la sanción definitiva de la norma.

El miembro informante del oficialismo y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, fue el encargado de fundamentar los alcances del proyecto. Durante su discurso, el legislador libertario contrapuso la filosofía desreguladora del Gobierno con la tendencia de la política tradicional de acumular regulaciones complejas para intervenir en la actividad privada de la ciudadanía.

"Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible. Medir la calidad legislativa por la cantidad legislativa es francamente patético. Muchas normas fueron concebidas como barreras artificiales para cobrar el peaje de la política", explicó. 

A su turno, el diputado Nicolás Mayoraz aclaró que este paquete desregulador representa el primer tramo de una serie de reformas complementarias. El legislador santafesino detalló los criterios técnicos utilizados para la selección de las leyes a suprimir, mencionando que se eliminan normas superadas por legislaciones posteriores o vueltas ridículas por el paso del tiempo (como la Ley de Azotes), instrumentos obsoletos ante el avance tecnológico (como la Ley de Microfilmación), regulaciones que vulneraban libertades individuales (como la Ley de Mochileros) y procedimientos vinculados a organismos públicos financiados por el Estado que hoy en día ya dejaron de existir.

Desde la vereda de la oposición, la iniciativa cosechó duras críticas y rechazos por parte de los bloques de izquierda y del peronismo. El diputado nacional de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, fundamentó su voto en contra al advertir que detrás de esta propuesta se esconde una cortina de humo que busca disimular la destrucción programática de las capacidades del Estado.

En una sintonía similar, la presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó severamente la idoneidad y el tratamiento exprés del proyecto en las comisiones, afirmando con ironía que muy pocos legisladores en el recinto conocían el detalle de lo que estaban votando y rechazando de plano el argumento oficialista de que se trate de una reforma inocua para el funcionamiento institucional del país.