Por estas horas, el Gobierno sigue enfocado, bajo reuniones presenciales y telefónicas, en cómo apelar un fallo que alteró ánimos: el que emitió el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que resolvió este lunes suspender de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de modernización laboral. La determinación surgió a raíz de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.

Detrás del tema están la Procuración del Tesoro, que comanda Sebastián Amerio, y Julio Cordero, el secretario de Trabajo, con el total respaldo del ministerio de Capital Humano que anunció el camino a tomar. El ministerio de Justicia de Juan Bautis Mahiques no aparece en conversación para revertir el escenario judicial por el momento.

En estas horas, todavía no hay definición sobre en qué fuero apelar la decisión del juzgado laboral. Podría ser en el fuero laboral pero también se habla en Casa Rosada del avance de una presentación en el fuero contencioso administrativo. 

Sebastián Amerio.

"Todavía no está definido, lo estamos hablando", le dijo a Agencia Noticias Argentinas una voz al tanto del armado de la estrategia.

El martes fue un día de reuniones en Balcarce 50 en torno a la problemática y desde el asesor Santiago Caputo hasta el propio Amerio estuvieron analizando las posibilidades. Un dirigente de la CGT dio por descontado que el oficialismo acudirá al fuero contencioso administrativo que ya le dio una buena noticia al oficialismo hace escasas tres semanas.

Fue cuando el juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, Enrique Lavié Pico, desestimó la medida cautelar solicitada por la central obrera para suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley. Estas normas establecen el inicio del proceso de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la jurisdicción porteña.

Un dirigente de la calle Azopardo avisó que, pese al análisis en las filas libertarias, la gestión Javier Milei no va a correr riesgos y se inclinará por el fuero que fue contra el pedido de la CGT. También ven que la interna entre Karina Milei y el asesor presidencial se está jugando en el campo de la Justicia, con Mahiques fuera de escena.

Vale destacar que el ministro es un hombre de la secretaria general de la presidencia, quien lo impulsó e hizo todo lo posible para que desembarca en el cargo. Pero en La Libertad Avanza reconocen que hoy no está inmiscuido en el trabajo de apelaciones.

A propósito del ecosistema gremial, vale destacar que además de celebrar el fallo del lunes, muchos dirigentes recuerdan que el viernes el Juzgado Federal N° 2 de San Martín dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de los artículos 131 y 133 de la normativa a raíz de una presentación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

El fallo ordena al Estado Nacional abstenerse de aplicar las modificaciones que limitaban la ultraactividad de los convenios y establecían nuevos topes a los aportes sindicales. De esta manera, la justicia asegura la continuidad de todas las cláusulas convencionales y establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales.

El Secretario General de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: "El fallo fue un acto de justicia que defiende la dignidad de los trabajadores mercantiles y nuestra autonomía para negociar. No vamos a permitir que, bajo la excusa de una modernización, se intente asfixiar a los sindicatos y recortar derechos históricos. Defender el financiamiento de nuestra institución es defender la salud de la familia de comercio y nuestra capacidad de diálogo para proteger el salario en todo el país". 

La Justicia suspende la reforma laboral para los docentes

Politica

La Justicia del Trabajo puso freno a una norma clave vinculada a la educación y organizaciones sindicales ganan margen en negociaciones salariales