El Gobierno nacional resolvió fortalecer el control sobre distintas erogaciones del Estado y habilitó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a autorizar desembolsos que hasta ahora no requerían su firma directa. Entre ellos figuran, por ejemplo, las transferencias de fondos a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un instrumento discrecional que suele ser eje de tensión con los gobernadores.

La medida forma parte de una nueva etapa de centralización política impulsada por Javier Milei y Karina Milei, con el objetivo de sumar una tercera instancia de validación antes de habilitar movimientos de dinero o recursos públicos. En Balcarce 50 rechazan que se trate de un recorte de poder para Luis Caputo o Diego Santilli y sostienen, en cambio, que la idea es "poner un embudo para aumento de control".

Hasta ahora, en casos como los ATN, el trámite pasaba por el Ministerio del Interior y por Economía. Interior intervenía en la instrumentación administrativa y Economía evaluaba variables como la situación fiscal, la coparticipación recibida por cada provincia, el impacto político y la disponibilidad del fondo. Con el cambio, Adorni sumará su aval como parte de una validación más política dentro de la mesa de decisiones del Gobierno.

En la Casa Rosada explican que la intención no es supervisar el detalle cotidiano de cada ministerio, sino ordenar el procedimiento para que las transferencias relevantes lleven también el visto bueno de la mesa política. Bajo esa lógica, la nueva firma del jefe de Gabinete funcionará como una instancia adicional de control y coordinación con la estrategia parlamentaria y territorial del oficialismo.

La decisión también refleja el crecimiento interno de Adorni dentro del esquema libertario. En los últimos meses, el funcionario se consolidó como uno de los dirigentes de mayor confianza de Javier y Karina Milei, con un rol cada vez más central en la gestión y en la articulación política. Desde el oficialismo aseguran que todos los integrantes de la mesa política estaban al tanto de la modificación y coincidían con el cambio.

Así, el Gobierno avanza en un rediseño silencioso del circuito administrativo para que las decisiones vinculadas al uso de fondos públicos queden bajo una supervisión más estrecha del núcleo de poder de la Casa Rosada, en un momento en que la relación con las provincias y la administración de recursos discrecionales siguen siendo piezas sensibles de la política nacional.