El tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares empezó a mostrar señales de posible demora en medio de una nueva controversia política y ambiental. Legisladores de distintos bloques opositores reclamaron cambios en la audiencia pública convocada para discutir la iniciativa, al considerar que el formato previsto no garantiza una participación real de quienes se inscribieron para exponer.

El planteo fue dirigido al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, y a la Secretaría Parlamentaria. Los diputados pidieron ampliar la duración de las audiencias y revisar el mecanismo de intervención porque, con el esquema actual, solo podrían hablar poco más de 200 personas.

La discusión gira en torno al proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que busca modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010 para establecer presupuestos mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce.

Uno de los puntos más sensibles es la magnitud de la convocatoria. Parlamentario informó que ya había más de 18.000 personas inscriptas para participar de la audiencia pública, mientras que otros reportes hablan de un número superior a 10.000 y en crecimiento. Con dos jornadas de nueve horas y exposiciones de cinco minutos, la gran mayoría quedaría sin posibilidad de intervenir.

En la carta enviada a las autoridades, los diputados advirtieron que una audiencia pública en materia ambiental no puede convertirse en una instancia meramente formal. El reclamo se apoya en el derecho a la participación ciudadana reconocido por la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar mecanismos abiertos e inclusivos en decisiones con impacto ambiental. Esa línea fue reflejada en las coberturas sobre la nota impulsada por Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y María Inés Zigarán.

En paralelo, también surgieron pedidos de mayor transparencia. Según TN y Parlamentario, sectores opositores reclamaron que la Cámara publique el listado completo de inscriptos y actualice periódicamente esa información para poder verificar la cantidad real de participantes y la validez del procedimiento.

Con este escenario, el debate por la reforma de la Ley de Glaciares suma presión institucional antes de entrar de lleno en la discusión de fondo. El proyecto ya superó el Senado, pero en Diputados el procedimiento previo amenaza con convertirse en el primer gran obstáculo para su avance.