En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Gobierno logró su objetivo y avanza con cambios en indemnizaciones, vacaciones y otros puntos sensibles. ¿Podrá evitar la judicalización?
El presidente Javier Milei logró sancionar finalmente la ley de reforma laboral y alcanzó así uno de los mayores hitos de su gestión, por la importancia central que le otorgó al tema en el marco de este mandato y también por la velocidad que le imprimió al debate del Congreso con el fin de poner en marcha, a partir de marzo, cambios sensibles en indemnizaciones, salarios, vacaciones y otros aspectos de la relación entre empleados y empleadores.
La ley de "modernización laboral" -como la bautizó el Gobierno- fue aprobada por el Senado con 42 votos a favor 28 en contra y dos abstenciones. Casi todo el rechazo de la bancada peronista. Al igual que en ocasiones anteriores, el ministro del Interior, Diego Santilli, se instaló en el palacio para seguir de cerca la sesión y asegurarse de que todo marchara de acuerdo al plan del oficialismo.
La Libertad Avanza logró así retener el apoyo que le habían dado la UCR, el PRO y, sobre todo, los bloques que responden a gobernadores en el primer debate. Y es que para llegar a la sanción de la ley el Gobierno tuvo que poner el tema a votación en tres ocasiones y conceder, en ese trayecto, más de 50 modificaciones sobre el texto original para asegurarse la mayoría.
El Senado ya había le había dado media sanción en la madrugada del 12 de febrero y para conseguir esa victoria el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que aceptar que se sacara del proyecto un artículo que reducía las alícuotas del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas por la presión de los gobernadores, que verían una caída fuerte en la recaudación de sus provincias.
Al pasar a la Cámara de Diputados, LLA se vio forzado a eliminar también el polémico artículo que fijaba recortes salariales en casos de licencia por enfermedad de hasta el 50% frente a la enorme controversia que generó en la opinión pública y el rechazo que adelantaron todos sus aliados. Esa modificación obligó a devolver el tema Cámara de origen tras la votación del 19 de febrero.
Ese pase de una Cámara a la otra generó que el Senado no tuviera oportunidad de hacer más modificaciones. La votación debía definir si se insistía con la redacción original -que contemplaba el polémico artículo sobre las licencias- o si aceptaba el texto como llegó de Diputados. Lógicamente, el oficialismo fue por la segunda opción.
A diferencia de la ocasión anterior, esta vez el debate estuvo dominado por el kirchnerismo, que intentó estirar la sesión lo máximo posible y recargó sus críticas al proyecto, al que varios de los senadores calificaron como "escalvista" o "flexibilizador", a la vez que cuestionaron una vez más la forma en la que LLA llevó adelante la tarea parlamentaria.
Ciertamente, Milei logró un tratamiento verdaderamente "exprés" para una ley con más de 200 artículos. Si bien la iniciativa tuvo dictamen de comisiones por primera vez en diciembre, la jefa del bloque LLA, Patricia Bullrich, convenció a la Casa Rosada de esperar a febrero para construir una mayoría sólida y, finalmente, el oficialismo consiguió resumir el debate y aprobar la reforma en menos de un mes.
El Presidente planteó el cambio de la legislación como uno de los pilares de su gestión desde el inicio, con el argumento de que era necesario para "terminar con la industria del juicio" y reducir la alta informalidad del mercado laboral (cerca del 40%). No obstante, tuvo que esperar a ganar las elecciones de medio término -un objetivo que llegó a estar en duda- para contar con más diputados y senadores propios y sumar aliados, de esos que siempre se acercan al calor del triunfo.
Con la ley sancionada, se pondrá a prueba su efectividad para reducir la litigiosidad y especialmente para hacer crecer el trabajo registrado, aunque a Milei le espera una continuidad de la pulseada. Tras las protestas de distintos sindicatos y agrupaciones en las puertas del Congreso, la puja se trasladará ahora a la Justicia, donde la CGT y otras agrupaciones presentarán un planteo de inconstitucionalidad.
La CGT y otras organizaciones gremiales descartaron realizar un nuevo paro general como el que llevaron a cabo durante la sesión de Diputados pero decidieron movilizarse el próximo lunes a los tribunales de la calle Talcahuano (sede de la Corte Suprema) y presentar un planteo de inconstitucionalidad.
Los popes de la central gremial consiguieron que el Gobierno no elimine los aportes sindicales y el "aporte solidario" obligatorio por dos años -un plazo que igualmente los preocupa porque implica una fecha de vencimiento para su principal fuente de financiación- pero objetan en términos jurídicos otros puntos de la ley.
Entre los temas que están en la mira de los gremios se encuentran la limitación del derecho a huelga y la extensión de la jornada laboral máxima permitida de 8 a 12 horas diarias. En tanto, el kirchnerismo también prevé judicializar el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones, que se financiará con los aportes que hasta ahora iban a la ANSES.
Ese punto les genera desconfianza porque la administración estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y los fondos podrán buscar rendimientos en la Bolsa de Valores. Los senadores del kirchnerismo advierten que será un nuevo esquema de AFJP y lo califican como "un curro".
Pero lo que abre el mayor margen para una eventual judicialización es el "gris" que existe respecto del impacto de la nueva ley en quienes ya tienen un empleo registrado. El Gobierno aseguró que los cambios aplicarán solo para "los nuevos trabajos" pero el peronismo advierte que esa aclaración no figura en el texto. Una forma de evitar una eventual litigiosidad por esa falta de precisión sería introducir la aclaración en la reglamentación de la ley, a cargo del Poder Ejecutivo.
En cualquier caso, se prevé que el Presidente promulgue la ley rápidamente por la importancia que le asignó al tema. En rigor, con la aprobación del Senado quedó lista para publicarse en el Boletín Oficial el próximo lunes. Además, Milei resaltará el triunfo político que implica el avance de la reforma laboral en el discurso que dará el domingo por la noche en el Congreso para inaugurar el nuevo período de sesiones ordinarias, más allá de la pelea judicial que se avecina.
De esta forma, el Gobierno tiene previsto poner en vigor lo más rápido posible los cambios que establece la nueva ley, cuyos puntos principales son:
Fin de la llamada "industria del juicio": la nueva norma redefine la "mejor remuneración" para el cálculo de las indemnizaciones al tomar solo el haber mensual, normal y habitual, sin conceptos como aguinaldo, vacaciones o premios. Con esto, el Gobierno pretende eliminar la discrecionalidad de las sentencias y alentar el empleo registrado.
Indemnizaciones: Se mantiene el pago de un mes de sueldo por año trabajado como base, con un tope de tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable. Además de dejar de considerar para el cálculo los conceptos de pago no mensuales, las indemnizaciones se actualizarán por IPC más un 3% anual. Las grandes empresas podrán abonarlas en 6 cuotas y las pymes en 12.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Los empleadores podrán constituir este fondo para el pago de indemnizaciones futuras. Serán administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se financiarán con una parte de los aportes del salario que hoy van a la ANSES. Ese aporte será de 1% mensual en el caso de las grandes empresas y de 2,5% mensual para las MiPyMEs.
Prelación de los convenios colectivos: se establece que un convenio interno de empresa una provincia prevalece por sobre un convenio general del sector en ámbito nacional.
Salarios "dinámicos": Si bien el concepto no está expresado de esa forma, el texto de la nueva ley establece que se podrán atar sueldos y aumentos a la productividad personal, un esquema que podrá adoptarse mediante acuerdos paritarios regionales, por actividad o por empresa. Además, la ley habilita a cobrar en dólares en caso de que así lo acuerden las partes.
Jornada laboral y banco de horas: La Ley de Contrato de Trabajo establecía que la jornada máxima en 8 horas diarias, mientras que con la nueva normativa el límite se extiende a 12 horas, con 12 de descanso. A la vez, en lugar del pago de horas extraordinarias los empleadores podrán disponer de un banco de horas para compensarlas con períodos de descanso (francos o jornadas reducidas). No obstante, la posibilidad de pago tradicional no se elimina.
Vacaciones: Se tomará el período que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril y se habilita acordar el período vacacional fuera de la temporada de verano, así como el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.
Contribuciones patronales: En línea con la meta de promover el empleo registrado, la ley ofrece descuentos en las contribuciones patronales por hasta 4 años para nuevas contrataciones, condonación de multas y pagos en cuotas, como parte del Régimen de Incentivo para Formalización Laboral.
Registración laboral simplificada y digital (ARCA): El registro ante ARCA será suficiente para la contratación formal de un empleado. No podrán exigirse requisitos extra por otras autoridades.
Derecho a huelga: La reforma fijó porcentajes mínimos de prestación de tareas durante las huelgas para mantener el funcionamiento, según el tipo de actividad. En servicios "esenciales" (salud, educación, transporte y telecomunicaciones) deberán asegurar una cobertura del 75%. En los servicios "trascendentales" (Producción industrial, logística, finanzas, energía) será del 50%.
Cuota sindical: Los gremios consiguieron que el Gobierno mantenga el pago compulsivo en lugar de que sea opcional, como establecía el proyecto original, pero con un tope del 2% del salario mensual y por dos años.
Aportes solidarios: Los aportes de los empleadores no socios de las cámaras empresarias, así como los de los empleados no afiliados a los sindicatos seguirán siendo obligatorios por un plazo de dos años.
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