El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el envío al Congreso del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El texto final, revisado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Pablo Quirno, se encuentra actualmente en la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia para su validación definitiva.

"La idea es que se mande en las próximas horas", indicaron fuentes oficiales. Desde Nación confirmaron que la iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados, en el marco de una estrategia del oficialismo para agilizar su tratamiento parlamentario. La mesa política que definió el cronograma se volverá a reunir este miércoles a las 10.

La revisión técnica del acuerdo estuvo a cargo de Cancillería. El envío se demoró por cuestiones formales vinculadas a la traducción del tratado durante la presidencia pro tempore de Paraguay. "Se retrasó por temas de traducción. Recién ayer el texto final fue distribuido a todos los ministerios de Relaciones Exteriores de los países integrantes", explicaron fuentes del Ejecutivo. Según destacaron, este paso administrativo ya fue superado y habilita el inicio del circuito legislativo en Argentina.

El Gobierno avanza con la ratificación a pesar del freno dispuesto por el Parlamento Europeo, que remitió el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para evaluar su compatibilidad con los tratados del bloque. Desde Balcarce 50 relativizan la medida y sostienen que no impide que la Argentina continúe con su propio proceso de aprobación.

Fuentes oficiales aseguran que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para sancionar el acuerdo en ambas cámaras, incluyendo aliados provinciales y sectores dialoguistas de la oposición. Además, fijaron la ratificación como una prioridad política de corto plazo dentro de las sesiones extraordinarias.

El objetivo de la Casa Rosada es que Argentina se convierta en uno de los primeros países del Mercosur en ratificar el tratado, con vistas a una eventual aplicación provisoria por parte de la Comisión Europea. El debate se centra en la validez legal del mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, que varios diputados consideran que podría limitar la autonomía regulatoria de la UE.

El Tribunal de Justicia europeo podría demorar su pronunciamiento entre 18 y 24 meses. Desde el oficialismo aseguran que, pese a estas observaciones formales, el trámite local seguirá su curso "cuanto antes" y buscan un tratamiento parlamentario "express".