Llaryora y Pullaro coincidieron en la necesidad de modernizar las leyes laborales, pero también alertaron sobre el perjuicio a sus cuentas fiscales. Mientras tanto, la Casa Rosada suma respaldos y prepara el debate en el Senado.
La mesa política del Gobierno se reunirá en Balcarce 50 este lunes por la mañana para discutir de manera integral las sesiones extraordinarias, que comenzarán el 2 de febrero.
Según se pudo saber, el encuentro de la mesa política buscará volver analizar la situación en la previa del período extraordinario, para definir cuántos apoyos tiene el oficialismo para lograr aprobar los distintos proyectos que impulsará en el Congreso.
La mesa política será encabezada por Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. La intención es saber en qué situación está el oficialismo para lograr que los proyectos que impulsa en extraordinarias se aprueben en el Congreso. Es por eso que la idea es realizar un poroteo de cuántos sectores apoyan al Gobierno y unificar las vías de negociación.
El principal objetivo del Ejecutivo es aprobar la reforma laboral, aunque también figura en el temario la modificación de la Ley de Glaciares. También está en discusión el envío del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea al Congreso.
En Casa Rosada apuran las negociaciones porque tienen el deseo de votar el 12 de febrero la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares en el Senado. La intención es aprobar en la Cámara Alta ambos proyectos para que desembarquen el 19 en Diputados.
Según fuentes oficiales, en el Senado estarían los votos para que las dos iniciativas se aprueben.
El Ejecutivo quiere replicar el esquema que usó para la sanción del Presupuesto 2026, donde centralizó todas las negociaciones en la mesa política para evitar arreglos paralelos. Es decir, el encuentro oficial determina y organiza: Patricia Bullrich es la encargada de hablar con los aliados en el Senado, Martín Menem en Diputados y Diego Santilli con los gobernadores.
Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro coincidieron en Cosquín
El ministro del Interior tuvo un enero activo, repleto de reuniones con gobernadores dialoguistas que continuarán en esta última semana del mes. Hasta el momento, se encontró seis mandatarios provinciales, entre los que figuran Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora recibió a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en un encuentro que funcionó como señal política para el gobierno nacional. Ambos ratificaron que comparten la necesidad de actualizar el marco laboral, aunque dejaron en claro que no acompañarán un proyecto que impacte sobre los recursos provinciales.
Ambos mandatarios plantearon que una baja de impuestos no debería recaer solamente sobre tributos coparticipables y señalaron que existen gravámenes nacionales que podrían revisarse. Según informes técnicos citados por la agencia, de avanzar la reforma laboral tal como está planteada, podría alcanzar a más de $3,1 billones de la masa coparticipable, impactando directamente en los presupuestos de las provincias.
Aunque para el Gobierno los gobernadores son importantes a la hora de conseguir votos para el Congreso, no dejan la aprobación de los proyectos en manos de ellos. "Los jefes provinciales definen algunos votos, no determinan todo", indicó una alta fuente al tanto de las negociaciones.
En ese sentido, el oficialismo todavía no comentó públicamente que hará con el Capítulo tributario de la reforma laboral que busca bajar impuestos y -como consecuencia- achicar la recaudación de las provincias. Por ahora, en Balcarce 50 hay alternativas para modificar la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades.
Por otro lado, es casi un hecho que no se impulsarán compensaciones a las provincias por fuera del Presupuesto, para contrarrestar lo que se les sacará de coparticipación si se aprueba efectivamente la modernización laboral y sus artículos relacionados con los impuestos.
"Si vienen con buenas ideas veremos si las agregamos al proyecto, pero nuestra idea es que se mantenga la esencia de la ley", indicaron en Rosada.
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El brutal crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe llevó a que el oficialismo retome el tratamiento del proyecto.