• Licitación para ofrecer al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico que asumirá la gestión operativa.

• Colocación del remanente, hasta alcanzar el 90% total, en los mercados de valores mediante un esquema de free float o venta pública.

Podrán participar no solo empresas del sector de agua y saneamiento, sino también firmas con experiencia acreditada en servicios públicos en general. Una de las interesadas que se mencionó en el último año fue SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), con una base de clientes mucho mayor que AySA.

Cambios regulatorios y debate

Como parte del proceso preparatorio, el Gobierno publicó el Decreto 805/2025, que actualiza el marco regulatorio de AySA y, entre otras cosas, habilita la posibilidad de cortar el suministro por falta de pago, una medida que hasta ahora no estaba permitida en la legislación anterior.

También hay un plan de transición 2024-2026 que contempló inversiones estatales por más de $753.900 millones para dejar la compañía en condiciones operativas para la futura gestión privada.

El Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) son las autoridades encargadas de supervisar que el proceso cumpla con las condiciones legales y de mercado.

Críticas y posicionamientos

El avance de la privatización de AySA y de otras empresas públicas ha generado debates políticos y sociales en torno al rol del Estado en servicios esenciales, el impacto tarifario para los usuarios y la transparencia de los procesos de licitación. Sectores opositores han cuestionado la rapidez y amplitud de las privatizaciones impulsadas por la Ley de Bases.

Fuente: Ámbito