Con la reforma laboral como prioridad, el Gobierno reúne este viernes a la mesa política que debe definir la estrategia de cara a la nueva tanda de sesiones extraordinarias que se espera que el presidente Javier Milei convoque en las próximas semanas para encarar en febrero.

De los seis temas que el Presidente había propuesto en el primer tramo de extraordinarias que venció el 30 de diciembre logró sancionar dos: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

La reforma laboral si bien obtuvo dictamen de comisión, no se votó. La jefa de bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, decidió darle tiempo a las negociaciones y posibles modificaciones para garantizarse los votos necesarios en el recinto de la Cámara alta. La fecha a la que apuntan a sesionar es el miércoles 11 de febrero.

El gobierno de Javier Milei avanza con la venta de sus acciones de AySA

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Tras formalizar la habilitación legal, el Ejecutivo ultima el pliego para vender el paquete mayoritario de acciones de la empresa de agua y saneamiento más grande del país. Mientras tanto, ajustan el marco regulatorio y preparan más licitaciones en 2026.

Las negociaciones están activas y hay distintos interlocutores. El ministro de Interior, Diego Santilli, es el encargado de las charlas con gobernadores. Este jueves se reunió con el radical mendocino Alfredo Cornejo y con el sanjuanino Marcelo Orrego.

"No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina", declaró Santilli y Cornejo avaló: "Es relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal. Contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo".

Sin embargo, es sabido que los mandatarios están preocupados por la caída en la recaudación. El proyecto reduce las alícuotas de Ganancias que pagan las "sociedades de capital" en las escalas más altas: del 30% al 27% y las que tributan el 35% pasarían a 31,5%.

Ese tema, y la posibilidad de que exista alguna compensación, es uno de los puntos que mañana entrarán en la mesa de discusión.

Por lo pronto, Cornejo -que en la última elección compitió con el sello de La Libertad Avanza- no reclamó en público: "Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales".

La gira de Santilli sigue este viernes con un encuentro con el mandatario de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, y el lunes se reunirá con Gustavo Sáenz en Salta.

Bullrich está encargada de la negociación con los senadores de las distintas bancadas y Martín Menem se encarga de los diputados.
Los otros temas en carpeta y el escollo del DNU de Inteligencia

Quedaron en carpeta de extraordinarias, además de la modernización laboral, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria -que tuvo dictamen en Diputados pero no se votó por falta de acuerdos-; la reforma del Código Penal; y la modificación a la Ley de Glaciares.

La reforma del Código Penal, de hecho, se anunció numerosas veces pero el proyecto nunca fue girado al Congreso. Sigue en constante revisión y retoque. De manera que si el Ejecutivo prevé tratarlo en febrero debería acelerar su envío porque se estima que llevará tiempo de estudio y debate.

El oficialismo deberá decidir, además, si incorpora todo en el nuevo temario o arma un temario más selectivo para concentrar la energía en lo prioritario. E incluso si suma otros: como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea o el proyecto para endurecer las penas para quienes inicien incendios.

"Es probable", responden fuentes del oficialismo, pero no confirman. Se trata de dos cuestiones que suponen que tienen consenso y no deberían generar problemas, aunque la letra chica del acuerdo con la UE aún no se conoce. "No sabemos qué se firmó. En varias provincias no están contentos ni por las economías regionales ni por las industrias. Los beneficiarios seguros son los grandes exportadores agrícolas", apunta un opositor.

Lo que sí es seguro que generará conflicto es el DNU de Inteligencia que este jueves ingresó oficialmente al Congreso. Eso significa que empiezan a correr los 10 días hábiles para que la Bicameral de Trámite Legislativo -que no se conformó- lo debata y pasado ese plazo cualquiera de las cámaras lo puede votar directamente en el recinto. La oposición confía en conseguir número para voltearlo.

Fuente: Clarín