En medio del impacto político generado por la movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo, el Gobierno nacional busca recuperar protagonismo institucional y avanzar con una serie de medidas legislativas y administrativas clave para su hoja de ruta económica y política.

Desde el Ejecutivo minimizaron el alcance de la protesta y evitaron confrontar directamente con el peronismo. "Fue una manifestación del kirchnerismo, no abarca a todo el PJ", afirmaron fuentes oficiales, que remarcaron el objetivo de "mostrar normalidad" en la gestión. La reacción oficial se da tras la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta en la causa Vialidad, y su reciente inhabilitación para ser candidata en las elecciones bonaerenses.

En ese marco, la mesa chica del Gobierno se reunió en Casa Rosada para definir el rumbo legislativo y los anuncios por venir. Participaron Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Santiago Caputo (asesor), Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Eduardo "Lule" Menem (subsecretario de Gestión Institucional), entre otros.

Con el plazo límite del 8 de julio -cuando caducan las facultades delegadas al presidente Javier Milei-, los equipos técnicos del oficialismo aceleran la redacción de más de una decena de decretos. Entre los puntos centrales se incluye la eliminación de 24 organismos estatales, la fusión de 15 y la transformación de otros 16. Las reformas involucran entes clave como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el INTA y el INPI.

Javier Milei encabezará el acto por el Día de la Bandera en Palermo y no viajará a Rosario

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El Presidente no viajará a Rosario para el acto central por el Día de la Bandera. En su lugar, encabezará una ceremonia en el Campo de Polo en Palermo.

A su vez, el oficialismo busca avanzar en el Congreso con el proyecto de modificación de la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal. El objetivo es que el dictamen se vote en comisión la próxima semana, para tratarlo en el recinto en los primeros días de julio. La iniciativa plantea un blanqueo fiscal de dólares informales y eleva el umbral de evasión punible de $1.500.000 a $100 millones, además de reducir los plazos de prescripción penal de cinco a tres años.

Para viabilizar el paquete fiscal, el Gobierno busca el respaldo de los legisladores que responden a los 17 gobernadores que adhirieron al nuevo régimen de información tributaria. Entre ellos figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta), y Alfredo Cornejo (Mendoza), entre otros.

Además, se negocian compensaciones a las provincias a través de una mayor coparticipación del impuesto a los combustibles y la distribución de fondos por Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El análisis fiscal de estas demandas está a cargo del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. "Si no vulnera el equilibrio fiscal, lo vamos a hacer", aseguraron fuentes oficiales.