El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, rechazó la apelación de Cristina Kirchner, con la que había pedido su absolución en el caso Vialidad. El Tribunal del juicio la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y en noviembre pasado la Cámara Federal de Casación Penal confirmó dicha sentencia. El expediente se encamina para ir a la Corte Suprema.

El 13 de febrero venció el plazo para que todas las partes intervinientes en esta causa que se concentró en las 51 licitaciones viales que los gobiernos kirchneristas adjudicaron, según la condena, de forma irregular y con sobrecostos a Lázaro Báez, presenten sus apelaciones.

En consonancia con Cristina Kirchner, su ex socio comercial -Lázaro Báez-, pidieron la nulidad de las acusaciones e insistieron en que en los procesos licitatorios fueron legales y rechazaron el perjuicio ocasionado hacia el Estado que el Tribunal de juicio estimó en 85.000 millones de pesos.

Junto a esas apelaciones, refutaron el criterio de la Sala IV de la Cámara de Casación que confirmó la sentencia condenatoria, los demás imputados: José López, Nelson Periotti, y ex funcionarios de Vialidad Nacional con asiento en Santa Cruz.

Por su lado, el representante del Ministerio Público Fiscal, también presentó su apelación: una vez más, solicitó duplicar la condena contra la exmandataria y retomó la acusación como presunta jefa de una asociación ilícita.

Antes de resolver si concede las apelaciones para que los reclamos sean analizados por la Corte Suprema de Justicia, la Sala IV del máximo tribunal penal, pidió la opinión del fiscal Mario Villar frente a los recursos presentados por los acusados.

Al analizar todos los argumentos expuestos por Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás imputados, el representante del Ministerio Público Fiscal rechazó que haya sustento jurídico en las apelaciones.

El 6 de diciembre de 2022, Cristina Kirchner se convirtió en la primera vicepresidenta en ejercicio del poder con una condena por corrupción. El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la encontró culpable de fraude contra el Estado. El daño ocasionado se estimó en 85.000 millones de pesos.

La sentencia fue revisada por la Cámara de Casación, que confirmó que con "grado de certeza, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional".

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