La Justicia Federal avanza en Mendoza sobre una megacausa por contrabando de granos y fraude fiscal estimado en al menos U$S30 millones. La investigación puso al descubierto a una organización criminal que utilizaba empresas truchas e insolventes para exportar toneladas de oleaginosas hacia Chile, subfacturando sus precios y desviando los dólares al exterior.

Ante la magnitud de la maniobra, el juzgado interviniente ordenó una batería de medidas que incluyó allanamientos, citaciones a indagatoria y fuertes embargos patrimoniales.

Las cautelares alcanzan a 14 personas físicas y 9 empresas, e incluyen el congelamiento de 55 productos bancarios y financieros, la prohibición de vender 31 vehículos e incluso el embargo preventivo de dos propiedades ubicadas en el exterior. Por ahora no hay detenidos aunque la investigación continúa.
Una de las propiedades allanadas en Mendoza, en el marco de la investigación, custodiada por gendarmes.

La investigación comenzó en 2022 a partir de un control de rutina realizado por personal de la Aduana en Mendoza. En aquel operativo se frenó un cargamento de 142 toneladas de maíz partido con destino al país trasandino.

Al revisar los papeles, los investigadores descubrieron que la supuesta firma exportadora era una "empresa fantasma": no tenía capacidad económica, ni campos, ni infraestructura para realizar semejante operación. Se trataba de una fachada utilizada por los verdaderos dueños del negocio para ocultarse y eludir los controles fiscales.

Con el avance de las pesquisas, la ex AFIP-DGA detectó que este esquema se venía repitiendo desde 2020 mediante una red de múltiples firmas apócrifas que operaban bajo la misma modalidad.


Computadora y celulares secuestrados durante los procedimientos en Mendoza

Según la información que dio a publicidad el sitio Fiscales, la organización montó un aceitado mecanismo ilegal sostenido en 3 pilares:

    Subfacturación de exportaciones: declaraban precios hasta 27% por debajo del valor real de mercado. Esto les permitía reducir drásticamente los impuestos que debían pagarle al Estado argentino.
    Triangulación financiera: intervenían despachantes de aduana y empresas radicas en Uruguay. Los granos salían de la Argentina hacia Chile, pero los papeles y el dinero pasaban por firmas uruguayas vinculadas con los sospechosos para fuga de capitales.
    Falta de liquidación de divisas: Los dólares generados por las ventas jamás ingresaron formalmente al Mercado Único y Libre de Cambios del país, quedando no declarados en el exterior.

La información oficial concluyó con que "gracias al trabajo conjunto de las oficinas especializadas en recupero de activos del Ministerio Público Fiscal, las medidas judiciales buscan evitar que los imputados se desprendan de sus bienes y asegurar que puedan ser decomisados para saldar las multas e impuestos adeudados".