Julieta Silva, conocida por haber sido condenada por la muerte de su pareja Genaro Fortunato en 2017, fue trasladada nuevamente a un penal este lunes por la tarde tras violar una restricción de acercamiento que tenía con respecto a la hija y a la ex pareja de su actual esposo, Lucas Giménez, quien días atrás la denunció por agresión.

Según informaron fuentes judiciales, Silva enfrenta ahora tres nuevas acusaciones: lesiones leves, amenazas y desobediencia a la autoridad. La medida de detención fue dispuesta para evitar que interfiera en el proceso o influya en declaraciones clave, particularmente las del denunciante.

Las autoridades confirmaron que Silva se habría comunicado con la ex pareja de Giménez y con la hija de ambos, incumpliendo así la orden de restricción vigente. Por este motivo, el beneficio de prisión domiciliaria, otorgado inicialmente para que pudiera cuidar de su hija de un año, fue revocado.

El Juzgado de Familia intervino de inmediato y determinó que la hija menor de Silva y Giménez quede bajo la custodia de su abuela materna. A su vez, el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) tomó contacto con la niña para garantizar su resguardo y activar los protocolos de contención y protección.

Julieta Silva fue protagonista de uno de los casos judiciales más resonantes de los últimos años en Mendoza. El 9 de septiembre de 2017, tras una salida nocturna, atropelló a su entonces pareja Genaro Fortunato en las inmediaciones del boliche La Mona. Según el fallo judicial, la mujer realizó una maniobra de retroceso con su vehículo y pasó por encima del joven, provocándole la muerte.

Durante el juicio, Silva declaró que no lo había visto y que había dado marcha atrás para devolverle su celular. Finalmente, fue condenada a tres años y nueve meses de prisión por homicidio culposo agravado por conducción imprudente, y se le impuso una inhabilitación por ocho años para conducir.

Tras cumplir su condena, Silva retomó su vida en libertad y se casó con Lucas Giménez. Sin embargo, la nueva denuncia por violencia doméstica, sumada a la violación de medidas judiciales, volvió a situarla en el centro del debate público y judicial.