La tensión política volvió a escalar este lunes en el Congreso. La oposición, a través del diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), pidió la interpelación del ministro Guillermo Francos, e impulsó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, en rechazo a la no implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Los fundamentos de la iniciativa apuntan a la nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025, que promulgó la norma pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina fuentes de financiamiento. Para los opositores, la decisión implica violación de la división de poderes, incumplimiento en la asignación de partidas y de la Ley de Administración Financiera (24.156).

"El Decreto 681/25 es nulo de nulidad absoluta. No existe resorte constitucional que contemple la opción de 'devolver' al Congreso una ley sancionada. Forma parte de la vocación del Ejecutivo de gobernar discrecionalmente, sin la 'molestia' del Congreso", acusó Agost Carreño, acompañado por Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque Germán Martínez criticó la contradicción oficial: "Milei y Caputo dicen que no hay plata para discapacidad, pero eliminaron las retenciones hasta el 31 de octubre. Para eso sí hay recursos".

Encuentro de Francos con legisladores norteamericanos en un día decisivo para el Gobierno

Politica

El encuentro del jefe de Gabinete ocurrió en la previa de las reuniones que tendrá Milei con Donald Trump y Kristalina Georgieva.

El debate se cruzó también con la agenda económica. El exgobernador cordobés Juan Schiaretti advirtió: "La medida de retenciones cero es electoralista. Las retenciones deben eliminarse de manera definitiva, no solo durante un proceso electoral". Sus diputados plantearán en el Presupuesto 2026 la eliminación total de los tributos.

La Ley 27.793, sancionada y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026 (prorrogable a 2027) e incluye compensaciones de emergencia para prestadores y asignaciones. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su costo fiscal es de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

El exdiputado Alejandro "Topo" Rodríguez denunció que la maniobra del Gobierno es "arbitraria e ilegal". A su vez, los socialistas Esteban Paulon y Mónica Fein presentaron una denuncia penal contra Milei y Francos por "incumplimiento de deberes de funcionario público" al demorar la aplicación de la norma.

En este contexto, el oficialismo se prepara para resistir el avance opositor, mientras crece la presión política y judicial para que la ley se cumpla de manera inmediata.