El brutal crimen de César Rodas, presuntamente asesinado y descuartizado por su inquilina, Adriana Suárez, sacudió a Mendoza. La Justicia descartó que sus hijas hayan sufrido abusos físicos, contradiciendo el móvil que la mujer alegó tras el hecho. ¿Qué hay detrás de esta historia que mezcla violencia, desesperación y vulnerabilidad infantil?
La madrugada del 18 de junio, el espanto irrumpió en una vivienda de la calle Matienzo, en Dorrego, Guaymallén. Allí, según su propia confesión, Adriana Valeria Suárez, de 40 años, mató a su inquilino, César Darío Rodas, y luego intentó incinerar su cuerpo utilizando una parrilla. El crimen fue descubierto cuando una de sus hijas dio aviso a la policía. Lo que encontraron los efectivos fue tan desconcertante como macabro.
Suárez fue detenida junto a su pareja, quien habría colaborado en el intento de encubrimiento. Sin embargo, más allá del crimen, el foco público se desvió rápidamente hacia las cinco niñas que convivían en la casa con su madre: todas menores, todas testigos del horror.
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Durante su declaración, Suárez intentó justificar el hecho alegando que Rodas había abusado de una de sus hijas. El argumento, potente en impacto mediático, fue rápidamente desmentido por las pericias médicas realizadas por el Cuerpo Médico Forense. Las niñas no presentaban signos de abuso físico, lo que puso en duda la motivación del asesinato que la mujer había declarado. La hipótesis que ahora se investiga apunta a una discusión económica entre la víctima y su agresora.
Mientras tanto, las menores fueron trasladadas y se encuentran bajo cuidado del Estado. Interviene el Órgano Administrativo Local, que determinará si pueden quedar al resguardo de algún familiar directo o si deberán ingresar en un hogar de abrigo. Reciben asistencia psicológica, médica y contención emocional.
Este caso, espeluznante por donde se lo mire, deja al descubierto algo más profundo que un acto de violencia extrema: la fragilidad de los entornos en los que muchas infancias transcurren sin red ni protección. También habla del riesgo de criminalizar la pobreza sin analizar los contextos, y del impacto duradero que un hecho así dejará en esas cinco vidas en formación.