La Justicia imputó a Adriana Valeria Suárez y Marcelo Rubén Altamirano por el brutal asesinato de César Darío Rodas, de 41 años, quien fue golpeado, descuartizado y calcinado en una vivienda de Dorrego. La fiscalía consideró que el crimen fue cometido con ensañamiento y crueldad extrema.

La causa que conmociona al Gran Mendoza dio un giro clave este jueves, cuando la fiscal de Homicidios Andrea Lazo decidió avanzar con una acusación por homicidio agravado por ensañamiento, una de las figuras penales más severas del Código Penal argentino, con pena de prisión perpetua.

Suárez (40) y Altamirano (35), apodado "el Porteño", fueron imputados como coautores de un crimen que, según los peritajes, fue ejecutado con una violencia sostenida y deliberada, cuyo objetivo habría sido prolongar el sufrimiento de la víctima antes de matarlo. El hecho ocurrió en una precaria vivienda de calle Adolfo Calle al 1900.

Según la reconstrucción fiscal, la agresión comenzó con golpes de puño y patadas, y escaló al uso de un hacha. Una vez que Rodas ya no ofrecía resistencia, fue desmembrado y parte de su cuerpo incinerado en la parrilla del domicilio. La secuencia fue descrita como un acto de sevicia inusitada por parte de los autores.

El procedimiento que permitió descubrir el hecho fue motivado por una denuncia espontánea: un ex cuñado de Suárez se presentó en una comisaría con imágenes recibidas por WhatsApp que mostraban el torso mutilado de un hombre. Esa alerta derivó en un allanamiento de urgencia, durante el cual la Policía halló restos calcinados y herramientas compatibles con el descuartizamiento.

La escena, según los peritos, daba cuenta de una ejecución organizada. Las tareas continuarán con pericias genéticas y análisis forenses para esclarecer el contexto y si hubo algún grado de premeditación.

Durante las primeras horas tras el hallazgo, Suárez habría manifestado que el ataque surgió luego de que una de sus hijas, de 16 años, denunciara haber sido abusada por Rodas. La adolescente fue resguardada en el Hospital Notti, mientras que sus hermanas quedaron a disposición del ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios).

La fiscalía, sin embargo, investiga si el crimen fue una reacción impulsiva o una represalia planificada, aunque el encuadre legal por ensañamiento ya indica que no se trató de un hecho espontáneo.

Un tercer hombre, Damián Contreras, que estaba en la vivienda al momento del crimen, fue desvinculado por ahora del homicidio, aunque permanece como testigo clave en la investigación.

La causa seguirá con pericias complementarias, exámenes científicos y entrevistas a testigos del entorno. Además, los investigadores buscan identificar a una tercera persona que habría participado del asesinato.

El caso ha generado conmoción por la crudeza del relato y la violencia extrema empleada. Si bien el juicio será por jurado, como establece la legislación mendocina para delitos de esta gravedad, la figura legal elegida anticipa un proceso judicial complejo y cargado de tensión social.