Se trata de un empleado de mantenimiento de 38 años que sustrajo teléfonos que estaban en custodia de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, entre otras evidencias. Le iniciaron 23 causas y arriesga hasta 35 años de cárcel. La investigación se mantuvo en secreto.
En las últimas horas, y después de una minuciosa investigación, fue apresado un empleado de una empresa que presta servicios a la justicia, sospechado de robar pruebas de una fiscalía del Polo Judicial.
Las pruebas apuntan a un hombre de 38 años, que no tiene antecedentes previos, identificado como Walter Alejandro Morán.
De acuerdo a la información, el sujeto aprovechaba su acceso al edificio como empleado de una empresa tercerizada de limpieza y mantenimiento y sustraía teléfonos celulares que habían sido secuestrados como evidencia en causas penales, entre otros elementos probatorios.
La pesquisa policial estuvo a cargo de la División Escuchas Telefónicas y Antisecuestros Extorsivos de Investigaciones, que logró determinar la presunta participación del sujeto luego de analizar cámaras de seguridad, realizar seguimientos y desplegar otros procedimientos.
En total, desarrollaron 22 allanamientos en distintos puntos del Gran Mendoza y el Este provincial, detallaron fuentes consultadas por este diario.
Durante los procedimientos se incautaron al menos 40 teléfonos celulares de distintas marcas, algunos aún con fundas o accesorios que los vinculaban a las causas originales, lo que motivó su preservación para peritajes. Además, se halló un cargador que podría ser parte de un arma de fuego, el cual también iba a ser analizado.
Los allanamientos se desarrollaron en Las Heras (barrios Alas Argentinas, SOEM, 20 de Julio, 30 de Octubre, Portal del Algarrobal, Sargento Cabral y Sueños de María), Guaymallén (barrios Lihué, Matrimonio Jóvenes, Lumaco y en Los Corralitos), Godoy Cruz (calle Videla y un local comercial sobre Avenida San Martín), San Martín (barrio San Pedro), Maipú (barrio 28 de Mayo) y Luján de Cuyo (barrio 17 de Abril).
En uno de los domicilios donde ingresaron los efectivos, el del principal acusado (allí fue capturado), en calle Tomás Guido al 900, se secuestraron once teléfonos, entre ellos modelos iPhone, ZTE, Redmi y Samsung.
Además, un vecino con domicilio en la misma manzana (a dos casas) quedó a disposición de la fiscal por presunto encubrimiento y decenas de personas fueron citadas como testigos, al encontrarse en poder de celulares presuntamente robados o revendidos por el imputado.
Los dispositivos iban a ser examinados para establecer si correspondían a las causas en trámite y si se encuentran alterados o con información sensible.
Morán fue imputado por los delitos sustracción de elementos probatorios y hurto, y fue alojado en la penitenciaría por disposición de la fiscal Lazo. "Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo", sostiene el artículo 255 del Código Penal.
Por lo que revelaron las fuentes, la causa se encontraba en sus primeros pasos y bajo análisis, por lo que no se descartaban nuevas imputaciones. Más allá de esto, trascendió que el acusado podría confesar las 23 causas que le iniciaron y ser condenado 7 años de cárcel en un debate abreviado inicial.
Lo que sí determinaron que, en horarios nocturnos (generalmente de madrugada) Morán ingresaba a las oficinas de los fiscales de la Unidad Fiscal y "se llevaba mayormente teléfonos celulares para luego comercializarlos", finalizaron las fuentes.
Con esta hipótesis, quedó totalmente descartado que policías encargados de la seguridad del edificio estén involucrados en las maniobras delictivas, tal como sostenía una de las primeras teorías del caso.