En busca de la verdad
En busca de la verdad
La jefa de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza, Daniela Chaler, alertó sobre el incremento de casos en los que adolescentes utilizan inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de sus compañeros. En diálogo con MNews Radio, explicó cuáles son las consecuencias penales, cómo se investigan estos hechos y qué deben hacer las víctimas.
El uso de la inteligencia artificial para generar imágenes sexuales falsas de menores de edad se convirtió en una preocupación creciente para la Justicia de Mendoza. La posibilidad de manipular fotografías obtenidas de redes sociales y distribuirlas mediante aplicaciones de mensajería abrió una nueva modalidad de violencia digital que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes.
En una entrevista con MNews Radio, de El Observador Mendoza, la jefa de Delitos contra la Integridad Sexual, Daniela Chaler, advirtió que las denuncias relacionadas con estas prácticas aumentaron durante el último tiempo y explicó que, aunque las imágenes sean artificiales, su creación y circulación pueden constituir delitos penales.
La funcionaria señaló que los casos suelen involucrar a estudiantes que utilizan fotografías de compañeros de colegio, ya sea tomadas personalmente o descargadas de redes sociales, para modificarlas mediante herramientas de inteligencia artificial y generar representaciones sexuales.
Según explicó, estas conductas forman parte de una transformación de los delitos sexuales vinculada con el desarrollo tecnológico y la facilidad para producir y compartir contenido digital.
Chaler explicó que la legislación penal argentina todavía presenta desafíos frente a las nuevas modalidades de generación de imágenes mediante inteligencia artificial, aunque existen antecedentes judiciales que permiten abordar estas situaciones.
En particular, señaló que algunas interpretaciones jurisprudenciales consideran que las representaciones sexuales artificiales de menores pueden quedar comprendidas dentro de las disposiciones que sancionan el material de abuso sexual infantil.
La funcionaria aclaró que el hecho de que una imagen haya sido creada digitalmente no constituye, por sí mismo, una circunstancia atenuante.
"No hay ningún atenuante previsto por la ley", aseguró.
En ese sentido, explicó que las sanciones pueden variar de acuerdo con la conducta investigada, ya sea tenencia, producción o distribución del material.
De acuerdo con lo indicado por la fiscal, la tenencia simple puede contemplar penas de hasta dos años de prisión, mientras que la producción y distribución pueden alcanzar condenas de entre tres y seis años, dependiendo de las características del caso.
Una de las particularidades de estas investigaciones es que muchos de los presuntos responsables también son adolescentes, frecuentemente compañeros de las víctimas.
Chaler explicó que, cuando los hechos involucran a menores, su fiscalía interviene inicialmente para preservar las pruebas y realizar las primeras medidas investigativas.
Posteriormente, el expediente es remitido a la Fiscalía Penal de Menores, que continúa con las actuaciones correspondientes.
Durante la entrevista, la funcionaria también hizo referencia a las modificaciones del régimen penal juvenil y señaló que la responsabilidad penal alcanza a los adolescentes desde los 14 años, mientras que en los casos de menores de esa edad se aplican otras medidas a través de la justicia especializada.
Asimismo, aclaró que la responsabilidad penal es personal y no se traslada automáticamente a los padres de los adolescentes involucrados.
"No es una broma": el daño psicológico que provocan las imágenes falsas
La fiscal hizo especial hincapié en la necesidad de que las familias y las instituciones educativas expliquen a los adolescentes las consecuencias de utilizar inteligencia artificial para manipular fotografías de otras personas.
Según sostuvo, estos hechos pueden comenzar como supuestas bromas entre compañeros, represalias o situaciones de hostigamiento escolar, pero la finalidad de quien produce el material no elimina su eventual responsabilidad penal.
"Hay que explicarles que no es una broma, que por más intención de chiste que ellos hayan tenido o de represalias por algo, sigue siendo un delito", advirtió.
Chaler describió estas prácticas como una nueva modalidad de acoso escolar que utiliza herramientas tecnológicas para perjudicar a las víctimas.
"Esto es una nueva forma de bullying que se le hace a los adolescentes utilizando las nuevas tecnologías", expresó.
Además, alertó sobre las consecuencias emocionales que pueden experimentar los menores afectados por la difusión de imágenes sexuales falsas, entre ellas daños psicológicos graves e incluso intentos de suicidio.
Por este motivo, consideró fundamental intensificar las acciones de prevención y educación digital tanto en los colegios como en los hogares.
La investigación de estos hechos presenta una dificultad adicional: la posibilidad de que los archivos digitales sean eliminados, modificados o distribuidos rápidamente.
Chaler explicó que, ante una denuncia, una de las prioridades del Ministerio Público Fiscal es preservar la evidencia electrónica antes de que desaparezca.
Entre las primeras medidas se encuentran allanamientos, secuestros de dispositivos y extracción de información digital.
Para estas tareas interviene la unidad especializada UDA-PIF, encargada de obtener y preservar los elementos informáticos que posteriormente pueden utilizarse como prueba judicial.
La fiscal señaló que estas actuaciones deben realizarse con rapidez debido a la facilidad con la que los mensajes, fotografías y archivos pueden ser alterados o borrados.
También indicó que en Mendoza ya se investigaron distintas causas relacionadas con este tipo de hechos y que, cuando los responsables son mayores de edad, algunas investigaciones finalizaron mediante juicios abreviados en los que los acusados reconocieron su responsabilidad.
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la dificultad para eliminar de internet las imágenes sexuales que ya comenzaron a circular.
La funcionaria explicó que, una vez que un archivo se comparte en grupos de WhatsApp o se almacena automáticamente en dispositivos y servicios en la nube, resulta complicado recuperar el control sobre su distribución.
Por este motivo, recomendó realizar la denuncia inmediatamente después de tomar conocimiento de los hechos.
"El consejo que yo le doy es que, si les pasa alguna situación que se refiera a esta distribución de material, hagan la denuncia de manera inmediata", manifestó.
Además, destacó la importancia de conservar la evidencia digital sin modificarla ni eliminarla, para permitir que los investigadores puedan identificar cuándo se creó el contenido, desde qué dispositivo se produjo y si fue compartido con otras personas.
La fiscal insistió en que la rapidez de la denuncia resulta fundamental para evitar la pérdida de elementos probatorios.
Finalmente, Chaler consideró que el crecimiento de los delitos cometidos mediante nuevas tecnologías plantea la necesidad de revisar la legislación argentina.
Aunque reconoció la existencia de iniciativas orientadas a regular estas conductas, explicó que las reformas parciales pueden generar dificultades de interpretación si no se integran adecuadamente al conjunto del Código Penal.
En ese sentido, sostuvo que la normativa vigente necesita adaptarse a las nuevas modalidades delictivas, especialmente aquellas relacionadas con la manipulación digital y la inteligencia artificial.
La funcionaria remarcó que una actualización legislativa permitiría establecer criterios más específicos y evitar interpretaciones judiciales que puedan ser cuestionadas.
"Nuestro código es bastante viejo y hay que aggiornalo a las nuevas modalidades de comisión de los delitos", señaló.
De esta manera, la fiscal puso el foco tanto en la necesidad de fortalecer las herramientas judiciales como en la importancia de prevenir estas prácticas mediante la educación y el uso responsable de las nuevas tecnologías.
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