Con el objetivo de saldar una histórica disparidad en el Congreso de la Nación, el diputado nacional mendocino Álvaro Martínez presentó un proyecto de ley para actualizar la distribución de bancas en la Cámara Baja según los registros del último relevamiento demográfico. De prosperar el trámite parlamentario, la provincia de Mendoza -que ya superó los dos millones de habitantes- incrementaría su representación institucional de diez a doce legisladores, alineando la composición legislativa con las previsiones del artículo 45 de la Carta Magna, el cual exige adecuar los escaños de manera proporcional tras cada censo.

Los considerandos del proyecto apuntan de lleno contra la vigencia del régimen electoral actual, fundado en el Decreto Ley 22.847 sancionado a fines de la última dictadura militar en 1983. Según argumenta el representante lujanino de La Libertad Avanza, dicha normativa distorsionó el criterio constitucional al otorgar escaños adicionales de forma arbitraria en favor de distritos con menor caudal de votantes, postergando a las jurisdicciones con mayor volumen demográfico como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la propia Mendoza frente a su crecimiento poblacional efectivo.

Para graficar esta asimetría federal, el texto destaca contrastes notorios como el caso de Tierra del Fuego, jurisdicción que concentra apenas el 0,3% de la población nacional pero retiene casi el 2% de la representación en Diputados. Martínez advierte que la estructura legada del gobierno de facto buscó amortiguar artificialmente las diferencias entre provincias, lo que terminó consolidando una marcada subrepresentación de los distritos más populosos y violentó el mandato de representatividad directa e igualitaria que la Constitución delega en el pueblo soberano.

La solución técnica planteada en el articulado estipula la elección de un diputado por cada 210.000 habitantes o fracción no inferior a 105.000, fijando al mismo tiempo límites para evitar distorsiones en los extremos del mapa federal. De esta manera, ningún distrito podrá contar con menos de tres bancas ni superar un tope de ochenta escaños, distribuyéndose el saldo restante mediante una fórmula matemática proporcional entre las provincias que cumplan con la base poblacional exigida.