Una de las trayectorias más controvertidas de la historia judicial reciente de Mendoza llegó formalmente a su fin. A los 64 años, Rafael Escot dejó de ser magistrado luego de que el Poder Ejecutivo aceptara su renuncia, una salida que quedará plasmada oficialmente en el Boletín Oficial en el transcurso de la semana. Su dimisión se concreta tras haber tramitado un amparo ante la Justicia federal para acogerse al beneficio jubilatorio antes de cumplir los 65 años, cerrando así un ciclo de casi cuatro décadas marcado tanto por su protagonismo en los estrados como por una alta dosis de exposición pública y conflictos institucionales.

Ingresado al Poder Judicial en 1988, Escot recorrió distintos peldaños: fue fiscal en Tunuyán, juez de instrucción y, desde 2001, integró tribunales de sentencia al frente de la Quinta Cámara del Crimen. Su figura quedó asociada a hitos institucionales, como el haber conducido el primer juicio por jurados en la provincia, pero su impronta estuvo predominantemente signada por la polémica.

Un estilo de fuerte exposición y causas resonantes

El magistrado construyó un perfil atípico para la judicatura, caracterizado por su debilidad por las armas y un estilo de instrucción personalista que incluyó allanamientos con chaleco antibalas y un revólver en la cintura. Entre sus expedientes más recordados figuran la investigación de la llamada "mafia policial" durante la gestión de Roberto Iglesias -que concluyó sin condenas-, las pesquisas por los homicidios de los informantes policiales José Zambrano y Pablo Rodríguez (caso posteriormente condenado a nivel internacional por la CIDH), y el insólito robo de entre 600 y 1.000 armas de un depósito judicial. Su vida privada y su afición a la cacería en cotos internacionales también lo posicionaron recurrentemente en la mira pública.

A lo largo de los años, sus métodos y decisiones sumaron cuestionamientos y denuncias formales. En 2010 integró el polémico tribunal que consideró que una joven con muerte cerebral tras un disparo accidental había fallecido por la intervención médica posterior y no por el balazo, rebajando la calificación a lesiones gravísimas culposas. Asimismo, en 2016 fue denunciado administrativamente por la fiscal Laura Rousselle por violencia de género y maltrato laboral durante los debates, episodio que motivó su inhibición en un juicio por extorsión.

La etapa final: recusaciones y salida

Los últimos tramos de su carrera estuvieron cruzados por fuertes turbulencias. En agosto de 2022, Escot fue apartado del segundo juicio por los abusos en el Instituto Próvolo, luego de calificar como un "diálogo de sordos" las dificultades para interrogar a un testigo hipoacúsico, dichos que la querella y la fiscalía consideraron lesivos de su imparcialidad.

Más recientemente, su nombre volvió al centro de la escena al ser notificado de una nueva denuncia administrativa por maltrato en plena audiencia, además de quedar involucrado junto a otros jueces en una presentación ante la Suprema Corte por la presunta filtración de chats vinculados a la causa contra el exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino. Con el antecedente favorable de su amparo previsional, Escot optó por dar un paso al costado, poniendo punto final a una extensa y turbulenta etapa en los tribunales mendocinos.