En busca de la verdad
En busca de la verdad
La investigación detectó múltiples irregularidades en la Inspección de Cauce Vertiente Corralitos.
El Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación resolvió destituir e inhabilitar por cinco años a Manuel Alejandro Currenti, exinspector de cauce de la Inspección Canal Vertientes Corralitos Unificada, junto con otras cuatro autoridades de la entidad, luego de comprobar una serie de irregularidades en la administración de fondos aportados por los regantes.
La decisión quedó formalizada a través de las resoluciones 294, 295 y 296 del Honorable Tribunal Administrativo (HTA) y fue aprobada por unanimidad. Además de Currenti, la sanción alcanzó a Antonio Miguel Sánchez, Oscar Amer, Jaime Francisco Vives y José Alberto Sánchez.
La investigación administrativa determinó un perjuicio económico que podría superar los $30 millones, entre montos que deberán ser restituidos y multas aplicadas por distintas anomalías detectadas en la gestión.
El Tribunal también ordenó remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que sean incorporadas a la investigación penal que ya se encuentra en curso y se analicen posibles responsabilidades por delitos de acción pública.
Uno de los hechos más graves detectados durante la investigación fue la utilización del token y la firma digital de Pedro Vicente Pelayes, exdelegado de la Inspección que murió el 24 de octubre de 2022.
Pese a su fallecimiento, se continuaron realizando operaciones y transferencias bancarias a su nombre hasta el 1 de agosto de 2024, cuando la entidad fue intervenida de manera preventiva.
Durante el sumario, Currenti reconoció haber entregado la firma digital del exdelegado a la contadora de la institución.
La investigación también detectó erogaciones relacionadas con bienes pertenecientes al círculo cercano del exinspector.
Entre las irregularidades aparece la reparación y el acondicionamiento de un tractor propiedad de Romina Paola Cagol, esposa de Currenti. La Inspección había celebrado un contrato de préstamo que contemplaba la obligación de devolver la maquinaria con cubiertas nuevas ante determinados niveles de desgaste.
Para el mantenimiento del vehículo se destinaron $713.785,16, aunque los registros indicaron que el tractor fue utilizado por la Inspección durante apenas una hora y media.
También se detectó el uso de fondos para realizar refacciones y mejoras en un inmueble perteneciente a Currenti y su esposa. La operación fue respaldada mediante un contrato de comodato que, según la investigación, no había sido aprobado por la Asamblea de Usuarios.
Irregularidades contables y contrataciones cuestionadas
Las auditorías correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 revelaron además deficiencias en la administración financiera y contable de la Inspección.
Entre los puntos observados aparecen contrataciones directas sin los procedimientos correspondientes, obras de revestimiento de canales por montos superiores a $1,6 millones y compras de insumos y servicios sin concursos de precios.
El expediente también registró deudas tributarias y previsionales. Según las actuaciones, quedaron pendientes más de $1,1 millones en aportes de la seguridad social correspondientes al personal, mientras se detectaron pagos de viáticos considerados irregulares.
Otro de los cuestionamientos estuvo vinculado a la contratación de empresas externas para realizar tareas de limpieza de canales que, de acuerdo con la investigación, ya podían ser ejecutadas por trabajadores pertenecientes a la propia Inspección.
Además de la destitución y la inhabilitación, el HTA estableció diferentes cargos económicos contra Currenti.
Entre ellos figura un cargo financiero de $27.250.854,27 por fondos observados e intereses correspondientes al ejercicio 2024 y otro de $327.877,18 relacionado con anomalías detectadas durante 2023.
También se aplicaron dos multas de $1.190.000 cada una por la reiteración de procedimientos administrativos considerados irregulares durante los ejercicios 2022 y 2023.
La suma de esos conceptos eleva el impacto económico de la investigación por encima de los $30 millones.
El expediente generó repercusiones dentro de la política mendocina debido a los vínculos que Currenti mantuvo con dirigentes del radicalismo y con la Municipalidad de Guaymallén, organismo con el que la Inspección había firmado distintos convenios para la ejecución de obras.
Entre los dirigentes que habían respaldado públicamente su gestión aparece el exintendente de Guaymallén Marcelino Iglesias.
Las inspecciones de cauce son organismos conformados por los propios regantes, cuyos representantes son elegidos por los usuarios y tienen a su cargo la administración de los recursos destinados al mantenimiento y funcionamiento del sistema hídrico. El Departamento General de Irrigación ejerce funciones de control sobre esas entidades.
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