En un paso clave para expandir la red de prevención del delito en la provincia, el Ministerio de Seguridad de Mendoza ya integró de manera efectiva 159 cámaras de seguridad privadas a su sistema de videovigilancia pública. La iniciativa, que busca aprovechar la infraestructura de comercios, empresas y entidades civiles orientada hacia la calle, se formalizó tras una serie de convenios firmados bajo el amparo de la legislación provincial.

El avance más reciente se oficializó en las últimas horas con la publicación del Decreto 1186, el cual ratifica un acuerdo alcanzado en abril con la firma Millán S.A., propietaria de la cadena de supermercados Átomo. Este convenio, sumado a otros dos sellados en el mes de junio, robustece una red de monitoreo que no ha parado de crecer en los últimos meses.

La estrategia se encuadra en la Ley Provincial N° 9562, sancionada el 24 de julio de 2024. Esta normativa habilitó formalmente al Estado a celebrar acuerdos con el sector privado para acoplar dispositivos particulares al sistema central de seguridad. Desde su aprobación, la cartera de Seguridad ha concretado 34 firmas en total, de las cuales 22 corresponden exclusivamente a entidades privadas.

El primer acuerdo se selló en agosto de 2024 con la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña (Aderpe). Desde entonces, se sumaron firmas y cámaras de reconocidas entidades como:

• Comercios y paseos: Open Mall, Cecitys, Go Bar, Go Back, Central de Bebidas y Kioscos Yes.
  
• Cámaras y asociaciones del sector productivo y turístico: Cámara de Comercio de San Rafael, Asociación Turística Cañón del Atuel, Cámara de Turismo de San Rafael y la Sociedad Rural del Valle de Uco.
  
• Nuevas incorporaciones de este año: Club Alemán, supermercados Átomo, Browns S.A., barrio privado La Bastilla, la Cámara de Productores Agrícolas Zona Norte (Lavalle) y la Liga del Deporte de Lavalle.

A este ecosistema se añade un flujo muy importante de dispositivos proveniente de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, que aportó más de 100 cámaras privadas al sistema de control, además de acuerdos con municipios, organismos públicos nacionales (como el Inema) e internacionales, entre ellos el Consulado de Alemania.

¿Cómo funciona el acceso estatal a estas cámaras?

"No se trata de un espionaje ni de un monitoreo en tiempo real de la actividad comercial. El uso de estos dispositivos está estrictamente regulado y limitado a situaciones específicas de prevención o investigación delictiva", aclararon desde el Ministerio.

Los convenios establecen pautas técnicas y operativas muy claras sobre el uso de la tecnología privada:

• Alcance visual: Únicamente se pueden integrar aquellas cámaras que registren la vía pública o que se encuentren en el interior de propiedades privadas que tengan acceso libre y público.
  
• Evaluación técnica previa: La Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad evalúa cada cámara antes de su integración. El propietario asume el compromiso del mantenimiento técnico y de informar cualquier desperfecto o baja del equipo.
  
• Monitoreo selectivo: El Ministerio de Seguridad no realiza una vigilancia constante de estas transmisiones; acude a los registros o transmisiones en vivo ante eventos específicos o emergencias que ameriten una intervención policial.

El límite legal: la protección de la intimidad

La Ley de Videocámaras 9562 establece límites severos para resguardar los derechos de los ciudadanos. Bajo ningún concepto las cámaras del sistema pueden registrar el interior de propiedades privadas -salvo consentimiento expreso de su titular- ni vulnerar la intimidad de las personas. Todo el material procesado queda estrictamente sujeto a la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

Por último, la ley impone a las comunas la obligación de reportar al Ministerio de Seguridad la existencia de cualquier sistema de videovigilancia privado que apunte a la vía pública en sus jurisdicciones. Con esta información, la cartera provincial gestiona un registro unificado que detalla la ubicación, finalidad, tecnología y estado de cada dispositivo, con el fin de trazar un mapa de prevención del delito cada vez más inteligente y coordinado.