El Gobierno provincial presentó una propuesta de incremento salarial del 8% para docentes y celadores, distribuido en un 5% en agosto y un 3% en noviembre, calculado sobre los haberes de junio y con carácter remunerativo y bonificable. Sin embargo, la respuesta del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación fue inmediata: rechazo total. La dirigencia gremial decidió no trasladar la oferta a las bases, al entender que aceptar significaría resignar poder adquisitivo frente a la inflación proyectada para este año.

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El secretario general del SUTE, Gustavo Correa, sostuvo que la propuesta oficial no solo es insuficiente, sino que además coloca a los trabajadores de la educación como "variable de ajuste" de las políticas económicas. Señaló que las escuelas son reflejo de las tensiones sociales y que los docentes enfrentan problemáticas que exceden sus funciones, por lo que resulta inadmisible que el Ejecutivo provincial se alinee con las medidas de la Nación en detrimento de los salarios.

La negociación continuará el 16 de junio, cuando se espera que el Gobierno presente una nueva oferta. El clima de tensión anticipa un escenario complejo, con un gremio decidido a sostener su reclamo y un Ejecutivo que busca contener el gasto público en medio de un contexto económico adverso.