La causa judicial contra el exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino, sumó este martes un nuevo capítulo. La conjueza María Jimena González Pina rechazó la recusación presentada por la querella, que cuestionaba su imparcialidad para intervenir en el expediente donde el exfuncionario está imputado por coacciones en contexto de violencia de género y portación ilegal de arma de fuego de guerra.

Sin embargo, la discusión no está cerrada. Tal como establece el Código Procesal Penal, ahora será el Tribunal Penal Colegiado el encargado de revisar el planteo y adoptar una decisión definitiva. Para ello, aún deberán ser sorteados los jueces que intervendrán en el caso.

La recusación había sido impulsada por la abogada querellante María Elena Quintero, quien sostuvo que la situación institucional de la magistrada podía afectar la apariencia de imparcialidad. Según argumentó, González Pina es postulante a cargos judiciales permanentes y su continuidad dependería de organismos vinculados al poder político.

Además, la representante de la denunciante cuestionó la legalidad de la designación de la conjueza al señalar que la acordada de la Suprema Corte que dispuso su nombramiento no habría sido publicada en el Boletín Oficial, lo que, a su criterio, generaba un déficit de legitimidad.

No obstante, la magistrada rechazó todos los argumentos. En su resolución sostuvo que no existen elementos objetivos que permitan sospechar parcialidad y recordó que la sola condición de conjuez, designado conforme a la legislación vigente, le permite actuar como juez natural en las causas asignadas.

También consideró que la recusación se apoyaba en especulaciones sin respaldo probatorio y destacó que la propia Suprema Corte provincial ya se ha pronunciado en favor de la validez de las designaciones interinas de conjueces.

La resolución se conoció en medio de un nuevo pedido de detención presentado por la querella contra D'Agostino ante la Fiscalía Nº22, a cargo de la fiscal Valeria Bottini.

Según la presentación, existirían nuevos elementos que demostrarían presuntas maniobras de interferencia en la investigación y riesgos procesales que justificarían una medida de coerción. Entre los hechos denunciados figuran supuestas filtraciones de información reservada, presiones sobre testigos, el presunto uso irregular de organismos estatales y la reactivación de un expediente civil que permanecía archivado desde 2018.

La querella también insistió en la existencia de riesgo de fuga, argumentando que el exfuncionario mantiene una amplia red de contactos construida durante años de desempeño en cargos públicos de relevancia.

Mientras tanto, D'Agostino continúa en libertad y la causa sigue avanzando en distintos frentes judiciales. Ahora, la atención está puesta en la decisión que adopte el Tribunal Penal Colegiado sobre la recusación y en la respuesta de la fiscalía respecto del nuevo pedido de detención.