En busca de la verdad
En busca de la verdad
El temario acordado por el oficialismo y la oposición incluye debatir el proyecto de pago a los fondos buitres y 50 pliegos a la Justicia.
El Senado debatirá este jueves una batería de proyectos impulsados por el Gobierno nacional, entre los que se destacan la nueva ley de propiedad privada, que flexibiliza la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y agiliza los desalojos en casos de usurpaciones, y la autorización para cancelar deudas con fondos de inversión que mantienen litigios contra la Argentina.
La sesión, prevista para las 11, fue acordada entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. Además, incluirá el tratamiento de decenas de pliegos judiciales y la creación de nuevas cámaras federales en Mar del Plata y Tucumán.
El proyecto elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sufrió importantes modificaciones durante su tratamiento parlamentario. Entre los cambios más relevantes se eliminó el capítulo referido a los barrios populares y se reformularon aspectos vinculados con la extranjerización de tierras, las expropiaciones, los desalojos y la ley de manejo del fuego.
Uno de los puntos centrales es la eliminación de los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros. La iniciativa establece que las provincias tendrán la facultad de autorizar estas operaciones cuando no intervengan Estados extranjeros ni organismos controlados por gobiernos de otros países.
En cambio, continuará prohibida la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros, empresas con participación estatal extranjera o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con recursos provenientes de gobiernos extranjeros.
En materia de desalojos, el proyecto introduce procedimientos abreviados exclusivamente para inmuebles usurpados. Para el resto de los casos vinculados a contratos de alquiler se mantendrán las reglas actuales, aunque se establecen mecanismos más ágiles para intimar deudas y acelerar los procesos judiciales.
Según la propuesta, el propietario podrá intimar al inquilino mediante notificación fehaciente y, ante la falta de cumplimiento, iniciar una acción judicial que deberá tramitarse por la vía más rápida prevista por la legislación vigente.
La iniciativa también endurece los requisitos para las expropiaciones. La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado tendrá la obligación de fundamentar expresamente las razones que justifican la medida.
Además, se fijó un límite del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante y se estableció un mecanismo de actualización basado en la inflación y en la tasa de interés del Banco Nación.
Otro de los cambios relevantes es la modificación de las restricciones sobre terrenos afectados por incendios.
El proyecto elimina la prohibición que impedía durante 30 años modificar el uso de superficies incendiadas en zonas agropecuarias, pastizales y áreas periurbanas.
Para los bosques nativos se mantendrá la prohibición de cambiar el destino de los terrenos afectados, aunque se elimina el plazo de 60 años incorporado en la legislación impulsada durante la gestión anterior.
El Senado también analizará el proyecto que autoriza al Gobierno a cancelar obligaciones por 171 millones de dólares con dos grupos de acreedores internacionales, con el objetivo de cerrar litigios judiciales que podrían afectar activos estratégicos de la Argentina.
La iniciativa, promovida por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla un pago de 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y otros 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
Según el Gobierno, la aprobación de esta ley es clave para evitar el avance de acciones judiciales contra bienes argentinos en el exterior, incluidas las acciones vinculadas a YPF.
El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 30 de junio para concretar estos acuerdos, por lo que busca obtener la aprobación parlamentaria antes de esa fecha.
El entendimiento prevé que los acreedores entreguen los títulos involucrados en los litigios y, una vez completada la operación, la Argentina podrá solicitar el cierre definitivo de las causas judiciales abiertas en el exterior.
.png)