La posible modificación de la Ley de Etiquetado Frontal volvió a instalar el debate sobre el consumo de alimentos ultraprocesados, el rol de la industria alimenticia y el impacto de los octógonos negros en las decisiones de compra de los argentinos. En una entrevista con Mnews Radio y El Observador Mendoza, la decana de la Facultad de Nutrición de la Universidad Juan Agustín Maza, Cecilia Llaver, analizó los alcances de la norma, defendió su continuidad y advirtió sobre los riesgos de derogarla.

La especialista recordó que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable comenzó a implementarse en 2021 y que el etiquetado frontal es solo una parte de un proyecto más amplio orientado a informar a la población sobre los excesos de azúcar, sodio, grasas y calorías presentes en productos industrializados.

"Los octógonos funcionan como advertencias rápidas para que el consumidor pueda comparar y elegir mejor", explicó Llaver, quien remarcó que los sellos no apuntan a demonizar alimentos, sino a brindar información clara sobre productos ultraprocesados.

Según detalló, cuando se impulsó la ley una gran parte de la población ya consumía alimentos industrializados de manera habitual, mientras que los productos naturales como frutas, verduras, carnes o pan no requieren etiquetado porque no presentan este tipo de procesamiento.

Uno de los puntos centrales del debate actual tiene que ver con la intención del Gobierno nacional de modificar el sistema para armonizarlo con otros países del Mercosur. En ese contexto, Llaver explicó que Argentina calcula los sellos en base a calorías, mientras que en otros países se toma como referencia cada 100 gramos de producto.

"La forma de cálculo puede perfeccionarse y unificarse con el Mercosur, pero eso no significa eliminar la ley", sostuvo.

La nutricionista también se mostró en contra de permitir nuevamente personajes infantiles, influencers o figuras populares en los envases de alimentos. Según indicó, este tipo de estrategias de marketing impacta especialmente en niños y adolescentes y fomenta el consumo de productos ultraprocesados.

"No estamos de acuerdo con volver a poner dibujos o celebridades en los envases porque eso incentiva el consumo desde lo visual", afirmó.

Durante la entrevista, Llaver reconoció que existen críticas sobre la cantidad de productos que actualmente tienen sellos en Argentina y admitió que el sistema puede generar confusión en algunos consumidores. Sin embargo, aclaró que muchas de esas distorsiones podrían corregirse modificando la forma de cálculo.

Además, destacó que el etiquetado frontal también obligó a muchas empresas alimenticias a reformular productos y reducir niveles de azúcar, sodio y grasas para evitar la acumulación de octógonos.

"Las industrias han tenido que mejorar la formulación de sus productos y eso también es un avance positivo", señaló.

Otro de los ejes abordados fue la importancia de la educación nutricional en escuelas y hogares. La especialista remarcó que la ley contempla restricciones para la venta de productos con sellos en kioscos escolares, aunque reconoció que muchas de esas medidas todavía no se cumplen de manera efectiva.

También recordó que Mendoza cuenta desde 2009 con una ley de kioscos saludables, aunque su implementación continúa siendo limitada en numerosos establecimientos educativos.

Para Llaver, el etiquetado frontal debe ir acompañado por campañas educativas sostenidas que ayuden a generar hábitos alimenticios más saludables desde la infancia.

"Hay que enseñar a consumir alimentos reales y no depender tanto de los productos industrializados", expresó.

En relación al impacto concreto de la normativa, explicó que todavía no existen mediciones nacionales definitivas, aunque desde la Universidad Maza realizaron encuestas que muestran cambios de conducta en algunos consumidores.

"Muchas personas comenzaron a elegir otras opciones o reemplazar productos empaquetados por alimentos más naturales", indicó.

Finalmente, la decana de Nutrición defendió la continuidad de la ley y pidió que las posibles reformas no impliquen retroceder en un trabajo que demandó más de una década entre especialistas, universidades y organizaciones vinculadas a la salud pública.

"Se puede perfeccionar la norma y unificar criterios con el Mercosur, pero no tirar por la borda un trabajo de tantos años", concluyó.