La entrevista realizada por MNews Radio, El Observador Mendoza, al vicepresidente de CADAM, Armando Farina, quien sostuvo que el proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso no implica una quita de derechos, sino que, por el contrario, los reafirma tanto para los trabajadores como para las pequeñas y medianas empresas. 

Desde CADAM destacaron que la iniciativa aporta previsibilidad y modernización a un sistema que arrastra más de 50 años de parches normativos.

Uno de los puntos centrales señalados fue la implementación del Banco de Horas, una herramienta que permite mayor flexibilidad laboral mediante acuerdos consensuados entre empleados y empresas. Este sistema establece un cómputo mensual de horas trabajadas, garantizando que las horas excedentes sean pagadas como extras, y evitando conflictos judiciales derivados de la rigidez de la legislación vigente.

Farina también subrayó la posibilidad de firmar convenios laborales menores, que prevalezcan sobre convenios generales cuando las particularidades regionales, climáticas o comerciales así lo requieran. Estos acuerdos, homologados por el Ministerio de Trabajo, permitirían una mayor adaptación a la realidad de cada empresa y su contexto productivo.

Otro eje relevante fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral, vinculado al esquema de indemnizaciones. Según explicó el vicepresidente de CADAM, la reforma mantiene derechos clave como la indemnización por año trabajado, el preaviso y las vacaciones, pero brinda mayor claridad jurídica. "La incertidumbre sobre una sentencia judicial es uno de los principales frenos a la creación de empleo", remarcó.

En ese sentido, destacó que el nuevo marco legal busca evitar indemnizaciones desproporcionadas que pueden llevar a la quiebra a una pyme, al tiempo que garantiza que el trabajador reciba su salario actualizado por IPC más un adicional anual en caso de litigio.

Respecto a la registración laboral, Farina consideró positivo cualquier incentivo que promueva el trabajo en blanco. Desde CADAM observaron un crecimiento de monotributistas en los últimos años y señalaron que, con reglas claras y previsibilidad, muchos de ellos podrían transformarse en pymes generadoras de empleo formal.

En cuanto a la situación del sector mayorista, explicó que se registraron ajustes de personal en supermercados de zonas fronterizas, producto del cambio en la competitividad de precios frente a países vecinos. Las altas cargas impositivas provinciales y municipales revirtieron el flujo de consumo, afectando la actividad comercial en esas regiones.

Finalmente, Farina se refirió a la formación de precios y al impacto de los impuestos. Afirmó que las tasas municipales varían significativamente entre localidades y que esas diferencias se trasladan directamente al consumidor. "De cada 1.000 pesos que se gastan en un comercio, entre 420 y 460 pesos son impuestos", sostuvo, y reclamó la plena aplicación de la Ley Federal para que todos los tributos estén discriminados en los tickets de compra.