En medio del debate por la reforma de la Ley Penal Juvenil que impulsa la Nación, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza defendió el umbral de los 13 años por su alineación con la categoría de "adolescente" incorporada hace una década. Pidió, además, recursos para sostener programas de contención en las provincias.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a tomar fuerza con la reforma de la Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno nacional. Con la discusión abierta sobre cuál debe ser la edad mínima para incorporar a menores a un régimen especial -12, 13 o 14 años, según las posiciones-, Mendoza volvió a marcar postura: la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, afirmó que 13 años es un criterio "consecuente" con el marco normativo vigente.
"Vengo diciendo desde el año pasado que los 13 es una edad que tiene coherencia con la reforma del Código Civil y Comercial que empezó a regir hace 10 años", explicó la funcionaria. Rus argumentó que, aunque una persona sigue siendo menor hasta los 18, desde los 13 años el sistema ya reconoce mayor autonomía y una ampliación de derechos respecto de sus responsables parentales, por lo que el régimen penal juvenil no debería quedar "desfasado" frente a esa realidad legal.
De todos modos, la ministra evitó presentar la medida como una respuesta total al problema de la inseguridad. "Lo importante es tener en claro que una ley sola no va a modificar la situación de seguridad", advirtió, aunque insistió en que la reforma es necesaria porque otorga herramientas a la Justicia para intervenir cuando hay delitos cometidos por adolescentes con capacidad de comprensión de sus actos.
En ese punto, Rus subrayó un eje que considera inseparable de la discusión: qué sistema de contención se le ofrecerá a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen. Según planteó, la clave es que el proceso penal juvenil no sea solo punitivo, sino que incluya dispositivos especializados, medidas socioeducativas y alternativas a la privación de libertad, de acuerdo a cada caso.
Finalmente, la ministra reclamó que, si el Congreso aprueba la reforma, el Gobierno nacional asigne recursos a las provincias para sostener programas concretos. "No se puede quedar todo en el texto de la ley", sostuvo, y puso como ejemplo el esfuerzo que ya realiza Mendoza desde distintas áreas -como Educación e Infancias- para sostener políticas orientadas a la prevención, el acompañamiento y la intervención temprana en situaciones de vulnerabilidad.
Si querés, la adapto al estilo del medio que uses (más "último momento", más analítica, o con tono editorial) y le sumo un cierre con próximos pasos legislativos (extraordinarias/fechas) si me decís cómo lo querés enfocar.