El expediente que investiga presuntas maniobras irregulares para acceder al dólar oficial durante 2022 y 2023 sumó, en las últimas horas, su primer movimiento defensivo de peso: dos funcionarios del Banco Central solicitaron que se declaren nulos los allanamientos realizados a fines de 2025 en sus domicilios. La estrategia apunta a frenar el avance de una causa que involucra a operadores del circuito financiero y que quedó bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Franco Picardi.

Según las presentaciones, los pedidos fueron impulsados por Diego Volcic (inspector jefe) y María Valeria Fernández (supervisora de entidades financieras). Ambos plantean que las medidas se ordenaron sobre la base de "elementos probatorios endebles": por un lado, la declaración de un ex policía federal, Sebastián "El Lobo" Smith, quien habría aportado información en otro expediente; por el otro, audios cuya autenticidad, dicen, no fue verificada al momento de avanzar con las requisas.

En la reconstrucción del caso, la Justicia intenta determinar si Elías Piccirillo y Francisco Hauque -vinculados a financieras y casas de cambio-, junto a Martín Migueles, accedieron al tipo de cambio oficial de manera irregular con posible ayuda interna. La operatoria bajo sospecha se asocia al llamado "rulo" financiero: comprar divisas a un valor regulado y obtener ganancias al revenderlas a una cotización más alta en circuitos paralelos.

Los defensores de Volcic y Fernández sostienen, además, que la identificación de los funcionarios surgió de pruebas "viciadas". En el caso de Fernández, la defensa remarca que durante períodos relevantes habría estado con licencia médica o asignada a tareas específicas fuera del foco investigado, y niega participación en los hechos.

El trasfondo de la causa se potenció por la difusión de audios donde una funcionaria del BCRA, Romina García, habría reconocido contactos con Hauque y un clima interno de presiones, además de la frase que generó impacto público: "Había gente arriba toda entongada". En ese marco, el BCRA abrió un procedimiento interno para evaluar posibles incumplimientos al Código de Ética y a la Ley de Ética Pública por parte de cinco empleados mencionados en la investigación.

Con esos elementos, a fines del año pasado se ordenaron allanamientos y un procedimiento en la sede del Banco Central. En los operativos se secuestraron teléfonos, computadoras y soportes de almacenamiento que quedaron sujetos a peritajes.

El paso que viene será clave: los planteos de nulidad empezarían a tratarse tras la feria judicial. Primero deberá expedirse el fiscal Picardi y luego resolver Casanello. Si prospera la nulidad, podría complicarse la validez de parte de la evidencia obtenida en los allanamientos; si se rechaza, la investigación continuará con pericias sobre los dispositivos y con el análisis de los audios y testimonios.

En paralelo, el caso se mueve en un terreno delicado: no solo por el eventual impacto penal, sino también por el plano institucional. El Banco Central, según informó, busca determinar responsabilidades internas mientras la Justicia intenta reconstruir si hubo -o no- una red de facilitación para acceder al mercado oficial en pleno cepo.