En medio del avance del Jury de Enjuiciamiento que analiza su desempeño como magistrado, el juez penal Sebastián Sarmiento, titular del Juzgado Penal Colegiado N.º 1, hizo pública su postura frente al proceso que enfrenta tras meses de cuestionamientos políticos e institucionales vinculados a una serie de resoluciones judiciales que lo dejaron bajo la lupa.

Sarmiento se expresó mediante un escrito presentado en el trámite formal ante el Jury, donde fue denunciado por presunto mal desempeño y desorden de conducta. En su descargo, el juez pidió la nulidad del proceso, al sostener que la decisión de continuar el juicio y disponer su suspensión preventiva carece de los requisitos formales exigidos para actos de esa trascendencia.

El órgano, integrado por ministros de la Suprema Corte de Justicia y legisladores provinciales, ya resolvió avanzar con la investigación y mantenerlo suspendido mientras continúe el procedimiento, una determinación que representó un punto de inflexión en su situación institucional.

La causa contra Sarmiento se originó a partir de fallos que generaron fuerte polémica pública, entre ellos resoluciones que beneficiaron a personas privadas de la libertad que luego reincidieron en delitos graves. Entre los antecedentes citados, se menciona el asesinato de un policía retirado en Guaymallén, incorporado como uno de los casos centrales dentro del análisis del Jury.

El avance del proceso también tuvo correlato político. El gobernador Alfredo Cornejo respaldó públicamente la apertura del Jury y cuestionó con dureza el desempeño del magistrado, al considerar que algunas de sus decisiones no contribuyeron a la seguridad y evidenciaron fallas en la interpretación del rol judicial frente al delito.

En su presentación, Sarmiento afirmó que desde el inicio mantuvo una actitud de colaboración institucional, pero advirtió que antes de adoptar una medida como la suspensión preventiva debían haberse valorado pruebas ofrecidas por su defensa. Según detalló, esos elementos incluyen informes estadísticos oficiales sobre su producción jurisdiccional desde 2018, antecedentes jurisprudenciales coincidentes con sus criterios, reportes institucionales del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Penitenciario, además de testimonios técnicos de magistrados y especialistas.

El juez aseguró que "hasta el momento" esos materiales "no han sido incorporados ni valorados", y sostuvo que por esa razón planteó la nulidad "de carácter estrictamente técnico" del acta que dispuso la continuidad del proceso y su suspensión. En ese punto, argumentó que el instrumento "no consigna de manera expresa los fundamentos" de la decisión ni el voto individual de cada miembro del Jury, extremos que -según indicó- exige la normativa aplicable.

Además, Sarmiento remarcó que, en los casos analizados, el Ministerio Público Fiscal no habría formulado objeciones oportunas y que, en uno de ellos, habría existido conformidad expresa para otorgar una libertad anticipada. En ese marco, sostuvo que la preservación de la independencia judicial y el debido proceso son exigencias constitucionales e internacionales, y advirtió que eventuales irregularidades en procedimientos disciplinarios podrían derivar en responsabilidad internacional del Estado.

Con la causa ya abierta a prueba por 30 días, el Jury deberá continuar con el análisis de documentación y descargos para definir si corresponde avanzar hacia un juicio político propiamente dicho, instancia que podría culminar con la destitución del magistrado en caso de comprobarse mal desempeño. Mientras tanto, Sarmiento permanecerá suspendido en su cargo hasta la resolución final del proceso.