El Senado de Mendoza aprobó este martes, por unanimidad, una ley que busca poner fin a una práctica común en la administración pública: el silencio ante los reclamos ciudadanos. La nueva norma penaliza a los funcionarios que no respondan dentro de los plazos establecidos y promueve una mayor responsabilidad en la gestión del Estado.

El proyecto, impulsado por el senador Armando Magistretti, del Partido Demócrata, había sido aprobado con modificaciones en la Cámara de Diputados y regresó al Senado para su sanción definitiva. El eje de la iniciativa es la modificación del artículo 38 de la ley 3918, incorporando un nuevo artículo 38 bis que establece consecuencias concretas ante la llamada "denegación tácita".

La figura de la "denegación tácita" se refiere al rechazo implícito que se configura cuando la administración no responde a una presentación dentro del plazo legal. Según la nueva ley, si la Suprema Corte admite una acción por denegación tácita, deberá identificar al funcionario responsable del incumplimiento.

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Con apoyo del oficialismo y rechazo del peronismo, la Cámara Alta dio media sanción a la suspensión de las primarias legislativas por dos años. El proyecto vuelve a Diputados tras una modificación clave.

Una vez identificado, el organismo correspondiente tendrá la obligación de aplicar el artículo 2° de la Ley 9003, que establece sanciones disciplinarias por negligencia en el ejercicio de la función pública.

"La denegación tácita vulnera el derecho de defensa de los ciudadanos y permite chicanas burocráticas que debilitan la confianza en el Estado", explicó Magistretti. "Esta ley busca mayor transparencia, eficiencia y responsabilidad por parte de los funcionarios públicos", agregó.

La norma apunta a fortalecer el vínculo entre el ciudadano y el Estado, estableciendo consecuencias claras para el incumplimiento de deberes administrativos. Se espera que, con esta legislación, se reduzcan los tiempos de respuesta y se desaliente el uso del silencio como herramienta para eludir responsabilidades.

Con su sanción definitiva, Mendoza se convierte en una de las primeras provincias del país en legislar específicamente contra la denegación tácita, dando un paso hacia una administración más ágil y orientada a los derechos del ciudadano.