En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Gobierno avanza con la disolución de tres organismos clave del sistema vial y energético, en una jugada que redefine el rol del Estado en obras públicas y control del transporte.
La motosierra presidencial volvió a cortar profundo. Esta vez, el blanco fue la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Según el borrador del decreto filtrado, las funciones de estos organismos serán absorbidas por el Ministerio de Economía y la Gendarmería Nacional, en una reestructuración que busca reducir el gasto público y centralizar competencias.
La DNV, creada en 1958, será desmantelada y sus tareas -desde licitaciones hasta mantenimiento de rutas- podrán ser delegadas a provincias o al sector privado. El Gobierno argumenta que se trata de una estructura "onerosa", con más de 470 cargos jerárquicos y una dotación que creció un 148% en los últimos 15 años.
Con reservas hoteleras por debajo del promedio histórico, el sector turístico mendocino deposita sus esperanzas en las nevadas para atraer visitantes y revertir un invierno que arranca con números en rojo.
En paralelo, el Ejecutivo también firmó decretos para disolver los entes reguladores del gas y la electricidad (ENARGAS y ENRE), reemplazándolos por un único organismo: el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. La medida busca simplificar el sistema energético, atraer inversiones y liberalizar los contratos entre privados.
La reacción no tardó en llegar. Gremios viales, gobernadores y organizaciones civiles alertan sobre el vaciamiento institucional y el riesgo de deterioro en la seguridad vial. En provincias como Mendoza, Santa Fe y Río Negro, las quejas por el estado de las rutas se multiplican, mientras que los trabajadores advierten sobre despidos masivos y pérdida de capacidades técnicas.
La reforma, amparada en la Ley de Bases, marca un punto de inflexión en la política estatal: menos organismos, más concentración, y una apuesta por la eficiencia que, según sus críticos, podría traducirse en desprotección ciudadana y privatización encubierta.
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