A través de la investigación de la Justicia, se pudieron observar fallas en los controles del equipaje que ingresó en febrero del año pasado en un aviónde un empresario cercano al Ejecutivo.
El Gobierno nacional decidió mantener el silencio ante las denuncias por presuntas irregularidades en el arribo al país de un jet privado vinculado a Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi e intermediario en la relación entre Javier Milei y Donald Trump. Las imágenes que muestran valijas ingresadas sin control aduanero por la pasajera Laura Belén Arrieta, asesora en la organización de la CPAC Argentina, reavivaron la polémica.
Mientras en Casa Rosada optaron por no hacer declaraciones públicas y se enfocaron en los anuncios del ministro Federico Sturzenegger, el dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF) contradice tanto la versión del vocero presidencial, Manuel Adorni, como la del comunicado oficial de la Aduana.
"Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana, sin detectarse nada extraño", había asegurado Adorni en conferencia de prensa en marzo, poco después de que estallara la controversia.
La Aduana, en tanto, reiteró este lunes esa posición y negó cualquier falta de control en el procedimiento, pero también informó que inició un sumario interno para investigar posibles fallos y advirtió que "si se confirma alguna irregularidad, el personal responsable será desafectado".
Según el dictamen de la Fiscalía, la situación dista de haber sido regular:
El caso involucra a Laura Belén Arrieta, una empleada de una empresa de Scatturice, y parte de la organización de la CPAC (Conservative Political Action Conference) en Argentina. La aeronave utilizada pertenece a Royal Class, y el empresario fue señalado como nexo entre el presidente Milei y el expresidente Donald Trump.
Si bien el Gobierno argumenta que el asunto está en manos de la Justicia y evita pronunciarse, las contradicciones entre los dictámenes judiciales, los voceros y los organismos oficiales reavivan el debate sobre la transparencia y el cumplimiento de los controles fronterizos.
La oposición ya anticipó que pedirá informes al respecto en el Congreso, y no se descarta que se abra una investigación parlamentaria si se confirma la existencia de una cadena de omisiones o encubrimientos.