En busca de la verdad
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Tras la notificación formal impulsada por el Gobierno de Javier Milei bajo la CONVEMAR, Londres desestimó el reclamo, ratificó su respaldo a los isleños y advirtió que la iniciativa "plantea interrogantes" sobre la confiabilidad del país como socio.
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El gobierno británico rechazó formalmente este miércoles la decisión de la administración de Javier Milei de impulsar un arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Desde el Foreign Office advirtieron que la ofensiva legal argentina "plantea interrogantes" sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido en el plano bilateral.
La respuesta oficial estuvo a cargo de Uma Kumaran, ministra del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, luego de que Buenos Aires notificara a Londres el inicio del procedimiento amparado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) frente a las actividades en la Cuenca Malvinas Norte.
"Las Falklands (Malvinas) son británicas. Siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de los isleños", escribió Kumaran en su cuenta de X, antes de difundir una declaración institucional donde calificó la medida judicial como "el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo" de las islas.
La compañía titular del 35% del yacimiento Sea Lion aseguró que las medidas de la Casa Rosada son "ilegítimas" y confirmó que cuenta con financiamiento pleno y el respaldo de Londres para iniciar la producción en el primer trimestre de 2028.
La funcionaria británica defendió el desarrollo de hidrocarburos al sostener que las operaciones en la plataforma continental están reguladas por la legislación local y se ejecutan "en pleno cumplimiento del derecho internacional". Asimismo, reveló que la postura fue transmitida directamente al embajador argentino en el Reino Unido, subrayando que obstaculizar la actividad económica lícita en el archipiélago "no son actos de un compromiso internacional responsable".
La escalada diplomática se desató luego de que el presidente Javier Milei instruyera a la Cancillería a intimar al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, frene las actividades hidrocarburíferas, advirtiendo que de lo contrario se acudirán al Tribunal Internacional del Derecho del Mar en busca de una medida provisional (cautelar) que detenga las tareas antes de que el arbitraje de fondo avance.
El proyecto Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) junto a la británica Rockhopper Exploration (35%), dejó atrás su etapa exploratoria tras adoptar la decisión final de inversión, con una previsión de inicio de producción para 2028 a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Mientras la Argentina argumenta que la explotación unilateral de recursos no renovables vulnera sus derechos soberanos en una disputa reconocida por la ONU, el Reino Unido apela al principio de autodeterminación isleña para blindar el desarrollo económico del área.
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