A contramano del endurecimiento en la política exterior de la Casa Rosada, la petrolera británica Rockhopper Exploration ratificó formalmente que mantiene su cronograma para comenzar a extraer crudo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028. A través de la presentación de su balance financiero correspondiente al primer semestre, la compañía desestimó el impacto de las sanciones y advertencias legales promovidas por el Gobierno argentino sobre el desarrollo del megayacimiento offshore Sea Lion.

El pronunciamiento corporativo se dio tras el despliegue del paquete de medidas soberanas impulsado por Javier Milei, que incluyó la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncias penales contra las firmas intervinientes, una nueva Ley de Soberanía girada al Parlamento y la preparación de una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Frente a este escenario, la firma británica se amparó en el respaldo diplomático de Londres y de la administración colonial isleña, calificando las acciones impulsadas desde Buenos Aires como determinaciones "ilegítimas y carentes de justificación jurídica".

En el plano societario y operativo, Rockhopper controla el 35% del consorcio de Sea Lion, mientras que el 65% restante y la operación técnica están en manos de la israelí Navitas Petroleum. El director ejecutivo de la firma británica, Samuel Moody, calificó el momento como una etapa decisiva tras concretar una ampliación de capital que garantiza el financiamiento integral de las obras hasta la fase extractiva, remarcando que los litigios impulsados por la Argentina no provocarán alteraciones en los plazos de ejecución comprometidos.

Por su parte, la operadora Navitas ratificó ante los mercados bursátiles que sus trabajos en la cuenca norte de Malvinas se sustentan en concesiones que considera plenamente válidas, otorgadas bajo la legislación del Territorio Británico de Ultramar. De este modo, el consorcio privado ratificó que continuará adelante con los planes de perforación e instalación de infraestructura en aguas del Atlántico Sur, profundizando el diferendo geopolítico abierto entre la administración libertaria y el Reino Unido en torno a los recursos estratégicos de la plataforma continental.