En busca de la verdad
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La jueza de la Corte Suprema de EE. UU., Sonia Sotomayor, rechazó congelar la ejecución de una sentencia de US$ 655,5 millones contra la Autoridad Palestina. El fallo favorece a víctimas norteamericanas de atentados ocurridos entre 2002 y 2004.
La jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, rechazó la solicitud presentada por la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) para suspender la ejecución de un fallo indemnizatorio de USD 655,5 millones dictado en favor de víctimas estadounidenses. La demanda civil fue promovida por familiares de ciudadanos norteamericanos muertos o heridos durante una serie de tiroteos y atentados con bombas perpetrados en la zona de Jerusalén entre los años 2002 y 2004. La magistrada, responsable de resolver las peticiones de emergencia provenientes del circuito judicial de Nueva York, desestimó la medida cautelar sin brindar argumentos adicionales ni elevar la consulta al pleno del tribunal.
La decisión judicial reactiva un fallo de primera instancia emitido en un tribunal federal de Manhattan en 2015, el cual responsabilizó a las entidades palestinas por los atentados. En marzo de este año, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. restituyó la validez de la sentencia, apoyándose en la ratificación unánime que la Corte Suprema realizó en junio de 2025 sobre la Ley de Promoción de Seguridad y Justicia para las Víctimas del Terrorismo aprobada por el Congreso en 2019. Esta normativa establece la jurisdicción automática de los tribunales estadounidenses sobre la OLP y la Autoridad Palestina cuando realicen ciertas actividades en territorio norteamericano o efectúen pagos a personas involucradas en ataques contra ciudadanos de ese país.
Frente a la inminente ejecución de la condena, las autoridades palestinas advirtieron ante la máxima instancia judicial que la aplicación de la multa generará un impacto devastador en sus arcas públicas. Los representantes legales indicaron que los demandantes buscarán embargar la recaudación indirecta de impuestos que recauda Israel, recurso clave para el financiamiento de servicios esenciales como seguridad, salud pública y educación en la región de Cisjordania.
A pesar de los reclamos de la OLP y la Autoridad Palestina, que sostuvieron que el litigio había quedado nulo tras agotarse las instancias de apelación en 2018, el máximo tribunal estadounidense ratificó la validez del marco regulatorio, dejando firme la demanda económica contra las organizaciones de la región.
