El Gobierno nacional evaluó el impacto del paro docente y destacó que provincias como Mendoza, San Luis, Santa Fe y CABA superaron el 75 % de actividad. A su vez, criticó a Buenos Aires por bloquear las inspecciones en sus escuelas.
El Gobierno nacional siguió de cerca el desarrollo y las repercusiones del paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), fiscalizando el cumplimiento del piso mínimo del 75 % de actividad en los establecimientos educativos. A través de la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero, el Ejecutivo desplegó inspectores en las 43 agencias territoriales del país para realizar muestreos de presencialidad conforme a los parámetros fijados por la Ley de Modernización Laboral. Fuentes oficiales destacaron que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Santa Fe superaron la prestación mínima requerida, mientras que en provincias como Entre Ríos, Chubut y San Juan se constató un muy bajo nivel de adhesión a la huelga.
En contraposición, la Casa Rosada dirigió duras críticas contra la administración de la provincia de Buenos Aires, acusándola de obstaculizar la recopilación de datos y solicitar que la Nación se abstuviera de inspeccionar el empleo público local. Desde la cartera educativa bonaerense se emitió una instrucción a directivos e inspectores fundamentando que el Estado nacional incurría en un avance ilegítimo sobre la autonomía provincial al invadir facultades no delegadas. Frente a esta postura, desde Balcarce 50 tildaron el planteo de "incoherente" y señalaron la contradicción de los gremios al convocar a un paro nacional por paritarias que deben resolverse en el ámbito provincial, advirtiendo además que podría haber sanciones para los sindicatos pero no para los docentes adheridos.
Por su parte, la cúpula sindical de CTERA justificó la medida de fuerza argumentando una elevada adhesión en todo el país y denunciando la negativa del Ministerio de Economía a convocar a la Paritaria Nacional Docente. Desde el gremio recalcaron que el haber mínimo de los maestros ronda los $500 mil, resultando urgente un ajuste salarial.
Entre sus principales demandas, el sindicato exigió la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) -mecanismo de compensación salarial derogado en 2024-, junto a un incremento sustancial de los recursos destinados al presupuesto educativo nacional, rechazando las auditorías impulsadas desde la Secretaría de Trabajo por considerarlas un intento de amedrentamiento.