La Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAPMI) emitió un extenso documento en el que denunció que una serie de decisiones institucionales erradas -motivadas por negligencia, desidia o falta de capacitación técnica- facilitaron desenlaces trágicos en casos recientes de filicidio ocurridos en distintos puntos del país. La entidad remarcó que las muertes de niños, niñas y adolescentes no constituyen episodios aislados, sino que responden a patrones recurrentes del sistema público: alertas de maltrato desatendidas, restitución de vínculos familiares forzados sin evaluar los riesgos reales y una desconexión crítica entre juzgados de familia, centros de salud y trabajadores sociales. Ante este escenario, la organización elevó cuatro reclamos concretos: la aplicación efectiva de la Ley N.º 27.709 (Ley Lucio) para la formación obligatoria en los tres poderes del Estado, la declaración del 21 de junio como Día Nacional de Concientización contra el Filicidio, el tratamiento urgente del proyecto de ley 1975-D-2026 y una cobertura mediática con rigor especialista.

Para fundamentar el informe, la ONG detalló cuatro expedientes emblemáticos registrados durante 2026. Entre ellos figura la muerte de Ángel Nicolás López (4 años) en Comodoro Rivadavia, cuya revinculación con su madre biológica fue dispuesta por un Juzgado de Familia meses antes del crimen, ignorando denuncias previas de maltrato continuo. Asimismo, la entidad expuso el caso de violencia vicaria registrado en General Lagos (Santa Fe), donde un hombre intoxicó a sus dos hijos tras una denuncia de violencia de género que no incluyó medidas de protección para los menores; el crimen de Ilan Mareco Vázquez (8 años) en Misiones; y el historial de Lucía Sosa en Villa Gesell, caso signado por la insistencia judicial en protocolos de revinculación obligatoria a pesar de antecedentes de fallecimientos infantiles por asfixia y diagnósticos severos en el entorno familiar.

Responsabilidad de funcionarios y presupuesto específico

Como antecedente de sanción a la cadena de omisiones estatales, ASAPMI recordó la condena dictada en Salta por el caso de Thiago Quipildor, proceso que no solo juzgó a los responsables directos sino que aplicó penas e inhabilitaciones profesionales a psicólogas, trabajadoras sociales y médicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

En el cierre de su pronunciamiento, la organización instó a los Gobiernos nacional, provinciales y municipales a destinar partidas presupuestarias específicas para la supervisión y entrenamiento permanente de las áreas de niñez, reiterando que una intervención institucional idónea y oportuna habría evitado las muertes de las víctimas.

Funte: Infobae