La medida cuenta con el respaldo de asociaciones médicas y busca disminuir las muertes y hospitalizaciones ligadas al tabaquismo.
El Reino Unido avanza con una de las políticas antitabaco más ambiciosas del mundo: impedir que una generación completa acceda legalmente al cigarrillo durante toda su vida. La iniciativa busca frenar el inicio del consumo desde la raíz y reducir, a largo plazo, las enfermedades asociadas.
El Parlamento británico aprobó de forma definitiva una ley que establece la prohibición de la venta de tabaco a todas las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009, es decir, quienes hoy tienen menos de 17 años.
Según The Guardian y EFE -el periódico británico y la agencia de noticias-, la normativa recibirá la sanción real en los próximos meses y, según estimaciones oficiales, comenzará a aplicarse a partir de 2027, lo que convertiría al país en el primero de gran escala en avanzar hacia una "generación libre de humo".
A diferencia de las restricciones tradicionales, que fijan una edad mínima, esta norma introduce un sistema progresivo: la edad legal para adquirir tabaco aumentará cada año. En la práctica, esto significa que ese grupo nunca alcanzará una edad en la que pueda comprar cigarrillos legalmente.
El objetivo central es impedir que los jóvenes comiencen a fumar, interrumpiendo el ciclo por el cual el consumo se inicia en la adolescencia y se perpetúa en la adultez.
La legislación se aplicará en todo el Reino Unido, con implementación en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, informó The Guardian.
El ministro de Sanidad, Wes Streeting, afirmó que: "Los niños del Reino Unido serán parte de la primera generación libre de humo, protegidos de toda una vida de adicción y daño". Además, expresó su confianza en que la reforma aliviará la carga sobre el sistema sanitario y fortalecerá la prevención.
De acuerdo con el NHS, el sistema público de salud británico, los gastos para tratar enfermedades relacionadas con el tabaco como el cáncer y afecciones cardiovasculares rondan los USD 3.750 millones al año. Las estimaciones del periódico sitúan el coste social total entre USD 26.600 millones y USD 34.500 millones anuales, destacando como factor principal la pérdida de productividad.
El Gobierno y las instituciones de salud británicas impulsan la prohibición asegurando que contribuirá a salvar vidas y reducir los efectos negativos del tabaquismo, con el respaldo de asociaciones médicas y entidades de salud pública.
Desde el sector del vapeo, se manifestaron inquietudes sobre el alcance de estas regulaciones. Richard Begg, directivo de VPZ, manifestó que restricciones excesivas sobre sabores y disponibilidad podrían empujar a exfumadores a volver al tabaco convencional o buscar alternativas en mercados no regulados.