El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció el fin de la Roadless Area Conservation Rule (Norma de conservación de zonas sin caminos), una norma federal que desde hace más de dos décadas impedía el desarrollo de infraestructura y actividades de tala en bosques nacionales sin caminos.

Con la nueva medida, cerca de 24 millones de hectáreas (equivalentes a 59 millones de acres) quedan expuestas a la explotación forestal y a la construcción de carreteras, principalmente en los estados de Alaska, Utah y Montana.

La decisión fue anunciada por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, durante un encuentro de la Asociación de Gobernadores del Oeste celebrado en Santa Fe, Nuevo México. El gobierno argumentó que la regla eliminada limitaba la capacidad de los gestores locales para atender amenazas como los incendios forestales y bloqueaba el desarrollo económico rural.

Estados como Utah y Montana verán liberadas más de 5,4 millones de hectáreas de terrenos forestales

Qué cambia con la eliminación de la norma

La Roadless Rule, establecida en 2001 durante el final del mandato de Bill Clinton, protegía más de 23,7 millones de hectáreas de bosques nacionales. Estas zonas, libres de carreteras y en su mayoría vírgenes, representaban alrededor del 30% del Sistema Nacional de Bosques en Estados Unidos.

Con la eliminación de la norma, el USDA permitirá la apertura de caminos y la tala comercial en esos territorios. Según datos oficiales, la regla afectaba a:

    92% del bosque nacional de Tongass en Alaska, lo que equivale a más de 6,5 millones de hectáreas protegidas;
    60% de las tierras forestales de Utah, más de 2,5 millones de hectáreas;
    58% de los bosques nacionales de Montana, cerca de 2,9 millones de hectáreas.

Rollins afirmó que la norma generaba "un daño real" a millones de hectáreas de bosque al impedir una gestión forestal activa. Además, citó una caída del 25% en el desarrollo económico del sector forestal en Utah, basada en estimaciones del propio estado.

"La administración Trump está eliminando obstáculos absurdos que impedían una gestión razonable de nuestros recursos naturales", afirmó Rollins. "Esta decisión marca una nueva era de sostenibilidad para nuestros bosques".

El cambio normativo afecta casi el 30% del total de los bosques nacionales de EE.UU

Rechazo ambientalista

Diversas organizaciones ambientales, entre ellas Sierra Club, condenaron la decisión. El grupo alertó que al eliminar la norma, se ponen en peligro cerca de 24 millones de hectáreas de tierras silvestres, muchas de ellas con bosques primarios y ecosistemas únicos que han permanecido intactos por siglos.

Alex Craven, coordinador de campañas forestales de Sierra Club, criticó duramente la decisión: "Una vez más, la administración Trump ignora la voluntad de millones de personas para favorecer a las corporaciones. Esta medida abre la puerta a la deforestación masiva y a la destrucción de hábitats esenciales".

El bosque de Tongass, en Alaska, es considerado uno de los bosques templados lluviosos más grandes del mundo. Su importancia ecológica es reconocida por científicos y comunidades indígenas, que han alertado sobre los impactos de la tala comercial en la biodiversidad, los sumideros de carbono y la seguridad alimentaria local.

En total, se habilitan a la explotación forestal más de 59 millones de acres, el equivalente a 24 millones de hectáreas

Apoyo republicano

Legisladores republicanos y funcionarios de estados occidentales respaldaron la decisión. Nick Begich, representante por Alaska, celebró la derogación en redes sociales, afirmando que la regla "nunca fue sobre conservación responsable, sino sobre el exceso de poder burocrático que frenó el acceso a recursos y oportunidades económicas".

La medida se enmarca en una política más amplia de desregulación ambiental impulsada durante el gobierno estadounidense, con énfasis en la extracción de recursos naturales, la autonomía estatal y la expansión del desarrollo rural.

El USDA publicará en las próximas semanas una notificación oficial con los detalles técnicos de la eliminación de la norma. Organizaciones defensoras del medio ambiente ya anticipan demandas judiciales para intentar frenar su aplicación, lo que podría llevar el caso a tribunales federales.

Mientras tanto, expertos en gestión forestal advierten que permitir la construcción de caminos en zonas vírgenes no solo afecta a la biodiversidad y la calidad del agua, sino que facilita el ingreso de actividades extractivas, incrementa la fragmentación del hábitat y dificulta la recuperación de los ecosistemas.