En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Gobierno de Javier Milei busca modificar distintas reglas del sistema financiero argentino para facilitar el acceso al crédito, ofrecer nuevas alternativas de inversión y reducir los costos que enfrentan las empresas al solicitar financiamiento.
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El Gobierno de Javier Milei busca modificar distintas reglas del sistema financiero argentino para facilitar el acceso al crédito, ofrecer nuevas alternativas de inversión y reducir los costos que enfrentan las empresas al solicitar financiamiento. La propuesta está incluida en el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, presentado ante el Congreso el 2 de noviembre, que también generó controversia por un artículo relacionado con el Impuesto a las Ganancias sobre los CEDEARs.
La iniciativa, integrada por 240 artículos, contempla cambios que alcanzarían tanto a los pequeños ahorristas como a comercios, bancos, empresas tecnológicas, productores agropecuarios y personas que participan en planes de ahorro para adquirir vehículos.
El objetivo del Ejecutivo es que más personas y empresas puedan acceder a financiamiento, utilizando herramientas que actualmente tienen restricciones legales o requieren procedimientos más complejos.
Uno de los principales problemas que busca atender la reforma es la dificultad que encuentran muchas compañías para obtener préstamos. En la actualidad, las entidades financieras suelen exigir garantías tradicionales, como inmuebles, vehículos o maquinaria. El proyecto permitiría incorporar otros activos, entre ellos software, criptomonedas, facturas pendientes de cobro e ingresos futuros.
Sin embargo, el tratamiento de la iniciativa quedó condicionado por una controversia tributaria. Tras conocerse que el texto incluía un cambio impositivo para los CEDEARs, el Gobierno anunció que retiraría esa disposición. Posteriormente, decidió avanzar con una revisión integral del proyecto.
Los Certificados de Depósito Argentinos, conocidos como CEDEARs, son instrumentos financieros que permiten invertir desde Argentina en activos que cotizan en mercados internacionales.
Por ejemplo, una persona puede comprar CEDEARs vinculados con acciones de compañías como Apple, Microsoft o Coca-Cola sin necesidad de abrir directamente una cuenta de inversión en Estados Unidos.
Estos certificados se negocian en el mercado argentino y su valor depende, entre otros factores, del precio del activo extranjero que representan y de la evolución del dólar contado con liquidación.
El proyecto original contemplaba eliminar la exención del Impuesto a las Ganancias para determinados resultados obtenidos mediante la compraventa de estos instrumentos.
La modificación alcanzaría a certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que los activos extranjeros representados tampoco estuvieran exentos del impuesto en una inversión directa.
Esto no significaba cobrar un impuesto sobre todo el dinero invertido, sino sobre la ganancia obtenida al vender los certificados.
Por ejemplo, si una persona compraba CEDEARs por $1.000.000 y posteriormente los vendía por $1.300.000, el resultado positivo de $300.000 sería la base inicial para determinar la ganancia, sujeta a los ajustes y deducciones que estableciera la normativa.
No obstante, el asesor del ministro de Economía Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, aclaró que esa modificación no formaba parte de la intención actual del equipo económico.
"Quedó de un borrador viejo" y "se va a retirar", expresó el funcionario a través de X.
La controversia llevó al oficialismo a revisar el texto, por lo que el cambio tributario no entró en vigencia.
Uno de los puntos más novedosos del proyecto está relacionado con los plazos fijos bancarios.
Actualmente, cuando una persona constituye un plazo fijo tradicional, acepta mantener el dinero depositado durante un período determinado. Si necesita utilizar esos fondos antes del vencimiento, generalmente no puede retirarlos anticipadamente.
La reforma propone que los certificados de plazos fijos constituidos por 365 días, o por períodos superiores que determine el Banco Central, puedan negociarse en la Bolsa.
Esto permitiría que un ahorrista venda su plazo fijo a otra persona antes de que termine el período acordado.
Por ejemplo, si alguien constituye un plazo fijo a un año por $2.000.000 y después de seis meses necesita recuperar su dinero, podría ofrecer el certificado a otros inversores en el mercado.
Quien lo compre adquiriría el derecho a cobrar el capital y los intereses correspondientes cuando llegue el vencimiento.
Sin embargo, existe una diferencia importante respecto de retirar dinero de una cuenta bancaria: el valor de venta dependería de cuánto esté dispuesto a pagar otro inversor.
Por eso, el propietario podría recibir menos de lo que depositó originalmente o conseguir un precio diferente según las condiciones del mercado.
La intención oficial es que las personas tengan mayor flexibilidad para invertir a largo plazo sin quedar necesariamente obligadas a esperar hasta el vencimiento para disponer del dinero.
Otro capítulo de la reforma apunta a mejorar la disponibilidad de dinero de los negocios que venden productos o servicios mediante tarjetas.
Cuando un consumidor paga con tarjeta de crédito, el comercio no siempre recibe inmediatamente el importe de la operación. Dependiendo de las condiciones de liquidación, puede transcurrir un período antes de que los fondos ingresen a su cuenta.
Esta demora puede generar dificultades para los establecimientos que necesitan comprar mercadería, pagar salarios o afrontar gastos cotidianos.
El proyecto propone que las entidades emisoras generen títulos electrónicos que representen los cobros pendientes de las operaciones autorizadas.
Los comerciantes podrían vender esos derechos de cobro a inversores y obtener el dinero antes de la fecha prevista.
Por ejemplo, un local de electrodomésticos que tiene $5.000.000 pendientes de acreditación por ventas con tarjetas podría negociar ese derecho de cobro en un mercado autorizado.
Si un inversor estuviera dispuesto a pagar $4.900.000 por recibir posteriormente los $5.000.000, el comercio obtendría liquidez inmediata a cambio de resignar $100.000.
Las cifras son ilustrativas, ya que el descuento real dependería de las condiciones de cada operación.
Aunque actualmente existen mecanismos de adelanto de liquidaciones, el Gobierno busca incorporar más participantes y generar competencia para que los comercios puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento.
Las empresas podrían pedir préstamos utilizando software, criptomonedas o ingresos futuros
Uno de los principales obstáculos que enfrentan muchas empresas al solicitar financiamiento es la necesidad de presentar garantías que respalden el dinero prestado.
Por lo general, los bancos evalúan los bienes que posee una compañía y su capacidad de pago antes de aprobar un crédito. En determinados casos, exigen inmuebles, vehículos, maquinaria u otros activos que puedan utilizarse para recuperar el dinero ante un incumplimiento.
Entre los nuevos activos que podrían utilizarse como garantía aparecen el software, los desarrollos tecnológicos, las criptomonedas, los derechos de propiedad intelectual, las participaciones en otras empresas y las facturas pendientes de cobro.
También se contempla la posibilidad de respaldar préstamos con ingresos futuros previstos y bienes que todavía se encuentren en proceso de producción.
Por ejemplo, una empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas podría utilizar determinados derechos sobre su software como respaldo para solicitar financiamiento, aunque no disponga de un inmueble propio.
De manera similar, una compañía que tiene contratos firmados y pagos pendientes podría ofrecer esos derechos de cobro como garantía de un préstamo.
La incorporación de nuevos activos no implicaría que los bancos estén obligados a aceptarlos. Cada entidad debería evaluar su valor, los riesgos asociados y las posibilidades de recuperar el dinero ante un incumplimiento.
El Gobierno considera que una mayor disponibilidad de garantías podría disminuir los riesgos de las operaciones y favorecer tasas de interés más competitivas.
Para acompañar estos cambios, el proyecto contempla crear un Sistema Federal de Registro de Garantías, destinado a reunir información sobre los bienes y derechos utilizados como respaldo de operaciones crediticias.
El Banco Central sería la autoridad encargada de su aplicación.
La finalidad es que los acreedores puedan conocer qué garantías existen sobre determinados activos y establecer quién tiene prioridad para cobrar si una persona o empresa incumple sus obligaciones.
Por ejemplo, si una compañía utiliza una máquina como garantía de un préstamo y posteriormente constituye otra garantía sobre el mismo bien, el sistema permitiría identificar el orden de prioridad de los acreedores.
Además, la propuesta habilita la constitución de nuevas prendas sobre un mismo bien sin necesidad de obtener autorización del primer acreedor, siempre que se respete la prioridad de las garantías previamente registradas.
El registro tendría validez en todo el territorio argentino y buscaría simplificar los procedimientos administrativos vinculados con el financiamiento.
El sector agropecuario también podría acceder a nuevas herramientas para obtener crédito y financiar su producción.
Una de las propuestas es permitir la emisión de pagarés mediante los cuales un productor se comprometa a entregar una cantidad determinada de bienes físicos, como granos, en una fecha futura.
Por ejemplo, un productor podría asumir el compromiso de entregar una cantidad específica de soja en una fecha acordada, bajo condiciones previamente establecidas.
Estos documentos deberían indicar la cantidad, calidad, fecha y lugar de entrega de los productos.
Otra de las modificaciones está relacionada con los warrants, instrumentos financieros que permiten utilizar mercadería como garantía para solicitar préstamos.
Actualmente, estos mecanismos se encuentran sujetos a condiciones específicas. La reforma propone ampliar su utilización a bienes que todavía estén en proceso de producción.
También contempla flexibilizar determinados procedimientos de ejecución y convertir en optativa la contratación de seguros bajo ese régimen.
El objetivo es que los productores tengan más alternativas para financiar sus actividades sin depender exclusivamente de los préstamos bancarios tradicionales.
La propuesta busca modificar también la manera en que se negocian determinados instrumentos financieros utilizados por las pequeñas y medianas empresas.
Entre ellos aparecen los cheques de pago diferido, los pagarés, los warrants y las facturas de crédito electrónicas.
Actualmente, algunas operaciones requieren la intervención de intermediarios financieros autorizados, lo que puede representar costos adicionales.
El proyecto permitiría que ciertas plataformas registradas ante el Banco Central cursen operaciones directamente hacia mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
Por ejemplo, una pyme que necesita adelantar el cobro de un cheque podría acceder a nuevas plataformas para negociar ese instrumento, sin que resulte obligatoria la intervención de determinados agentes bursátiles.
La intención es simplificar los procedimientos, reducir los costos de intermediación y ampliar la cantidad de participantes que ofrecen financiamiento.
La reforma también contempla cambios vinculados con las inversiones digitales.
Uno de los artículos propone habilitar expresamente a los fondos comunes de inversión abiertos y cerrados a invertir en activos virtuales, siempre que respeten las condiciones establecidas por la Comisión Nacional de Valores.
Esto significa que determinados fondos podrían incorporar activos digitales dentro de sus carteras, de acuerdo con su política de inversión y la regulación correspondiente.
Sin embargo, la autorización no implicaría que todos los fondos deban invertir en criptomonedas ni que esos instrumentos estén libres de riesgos.
Los administradores tendrían que evaluar las condiciones del mercado y cumplir con los requisitos de información y supervisión correspondientes.
Otro cambio establece que las empresas puedan mantener hasta el 25% de su capital en acciones propias, frente al límite del 10% contemplado en el esquema que la reforma pretende modificar.
Esta ampliación otorgaría mayor margen para realizar recompras de acciones y desarrollar programas de compensación destinados a empleados.
La Ley de Competitividad Financiera también incluye modificaciones para las sociedades de capitalización y ahorro, entre ellas las empresas que administran planes destinados a la adquisición de automóviles.
La propuesta establece que los nuevos contratos se rijan por las disposiciones del Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.
Esto supone modificar el esquema regulatorio de estas sociedades, sin eliminar las obligaciones generales de protección de los consumidores.
En cuanto a quienes ya participan de un plan de ahorro, el proyecto establece que los contratos vigentes mantendrían las condiciones generales aprobadas por la Inspección General de Justicia.
Esas disposiciones continuarían hasta que se produzca el vencimiento del contrato, su rescate o su rescisión.
De esta manera, la reforma busca introducir cambios para los nuevos acuerdos sin modificar automáticamente las condiciones generales de los planes existentes.
Aunque el proyecto fue presentado el 2 de noviembre, sus disposiciones no se aplican automáticamente.
La iniciativa necesita aprobación del Congreso Nacional y, en determinados aspectos, reglamentaciones posteriores por parte de los organismos correspondientes.
En el caso del Sistema Federal de Registro de Garantías, el texto original establece que el Banco Central contaría con 180 días desde la promulgación de la ley para desarrollar su reglamentación técnica.
Además, el nuevo registro debería encontrarse completamente operativo dentro de los 360 días posteriores a la promulgación.
Durante ese período continuarían funcionando los registros actuales, mientras que las garantías previamente inscriptas conservarían sus derechos y prioridades.
Sin embargo, el Gobierno decidió retirar el proyecto para revisar su contenido después de la controversia por los CEDEARs, por lo que estos plazos dependerán de una eventual nueva presentación y aprobación legislativa.
La reforma forma parte de la estrategia económica del Ejecutivo para ampliar el financiamiento privado y desarrollar el mercado de capitales argentino. Su impacto dependerá de las disposiciones que finalmente se aprueben, la reglamentación de los nuevos instrumentos y la respuesta de bancos, empresas e inversores.
Por el momento, los plazos fijos, las inversiones, las garantías crediticias y los planes de ahorro continúan funcionando bajo las reglas vigentes, sin que las modificaciones propuestas tengan aplicación inmediata.
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