Algo está empezando a cambiar en la relación entre el Estado y el sector privado.

Ayer destacábamos la decisión del ministro Luis Caputo de suspender los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027. Hoy corresponde reconocer que el Gobierno de Mendoza, encabezado por Alfredo Cornejo, también anunció un paquete de alivio fiscal que incluye la suspensión de embargos provinciales.

No es poca cosa. Y tampoco significa abandonar el equilibrio fiscal. Significa utilizar el sentido común.

MENDOZA REACCIONÓ Y LOS NÚMEROS SON CONCRETOS
El Gobierno provincial anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura que contempla medidas importantes:

Suspensión de embargos: hasta el 31 de diciembre de 2026 para deudas de pymes posteriores al 1 de enero de 2025, con posibilidad de extender la medida otros seis meses.

Planes de pago: hasta 18 cuotas para obligaciones vencidas al 30 de septiembre de 2026.

Reducción de multas: hasta el 50% en Ingresos Brutos y Sellos para quienes regularicen sus obligaciones dentro del plazo establecido.

Menores intereses: la tasa resarcitoria baja del 2,5% al 2% y la punitoria del 4% al 3,5%.

Compensación de impuestos: posibilidad de utilizar saldos a favor de Ingresos Brutos para cancelar obligaciones patrimoniales.

Son medidas anunciadas que todavía requieren su correspondiente instrumentación legislativa. Pero la orientación es concreta.

LO QUE VENIMOS DICIENDO DESDE HACE MESES
Este diario ha cuestionado reiteradamente el sistema de embargos fiscales, tanto de ARCA como de ATM, especialmente cuando se bloquean cuentas bancarias de empresas que necesitan esos mismos fondos para pagar salarios, proveedores e impuestos.

Embargar una cuenta operativa puede terminar siendo mucho más perjudicial que la propia deuda que se pretende cobrar.

Una empresa que no puede utilizar su dinero deja de pagar. Si deja de pagar, acumula nuevas obligaciones. Y si se paraliza su actividad, el Estado termina recaudando menos.

Es una contradicción económica que durante demasiado tiempo pareció no preocupar a los organismos recaudadores.

La diferencia entre un contribuyente que no quiere pagar y otro que transitoriamente no puede hacerlo debería ser elemental para cualquier administración tributaria.

UN RECONOCIMIENTO A CAPUTO Y TAMBIÉN A CORNEJO
Así como ayer reconocimos el paso dado por Luis Caputo, hoy corresponde destacar que Mendoza haya decidido acompañar esa orientación.

Se puede mantener el superávit, cuidar las cuentas públicas y simultáneamente adoptar decisiones que permitan respirar al sector privado.

No todo alivio fiscal implica resignar recursos. Muchas veces significa mejorar las posibilidades reales de cobrarlos.

Por supuesto, todavía quedan cuestiones pendientes.

La suspensión provincial anunciada tiene un plazo inicial más corto que la nacional y no comprende indiscriminadamente todas las deudas. Además, sería importante revisar qué sucede con los embargos ya trabados y con las empresas que tienen sus cuentas inmovilizadas.

También corresponde analizar los procedimientos judiciales y administrativos que permiten llegar a medidas tan perjudiciales sin evaluar suficientemente sus consecuencias económicas.

AHORA FALTA QUE LOS BANCOS ENTIENDAN
El Estado comienza a mostrar cierta flexibilidad, pero el sistema financiero sigue siendo una dificultad para muchas empresas.

Los bancos continúan aplicando exigencias, garantías y costos financieros que frecuentemente resultan incompatibles con la realidad de las pymes.

De poco servirá que el Estado suspenda un embargo si después una empresa no consigue financiamiento razonable para sostener su actividad.

El crédito anunciado por el Banco Nación para la industria automotriz, con plazos de tres a cinco años y tasas fijas cercanas al 20%, también constituye una señal de que pueden diseñarse herramientas específicas para sectores productivos.

El próximo paso debería ser ampliar ese criterio a más actividades, especialmente a la construcción, la industria y las pequeñas empresas.

UNA BUENA NOTICIA, PERO NO EL FINAL DEL PROBLEMA
Mendoza tiene todavía mucho por revisar en materia de presión tributaria, costos de servicios y funcionamiento de sus organismos recaudadores, no obstante hay que reconocer que es un trabajo que solo el gobierno de Cornejo viene intentando realizar.


La Nación dio el primer paso. Mendoza respondió rápidamente.

Ahora habrá que transformar los anuncios en medidas efectivas y comprobar que el alivio llegue verdaderamente a las empresas.