En busca de la verdad
En busca de la verdad
Con la actividad económica prácticamente estancada y más de 264.000 empleos privados formales perdidos desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la obra pública vuelve a aparecer como una alternativa para impulsar la recuperación.
La falta de señales claras de recuperación económica y la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027 comenzaron a modificar las prioridades del Gobierno nacional y de las administraciones provinciales. En medio del estancamiento de la actividad y la pérdida de puestos de trabajo, la construcción aparece como uno de los sectores capaces de generar movimiento económico en el corto plazo.
El panorama se volvió más complejo después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la actividad económica de agosto registró un crecimiento de apenas 0,1% mensual, luego de haber sufrido una caída del 2,8% durante julio. Los números reflejan las dificultades para revertir la contracción y alimentan las dudas sobre una recuperación sostenida durante los últimos meses del año.
Frente a este escenario, la inversión en infraestructura comienza a ganar espacio en la agenda política. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene como prioridad el equilibrio de las cuentas públicas, por lo que la estrategia oficial busca trasladar buena parte del financiamiento a las provincias y al sector privado.
La necesidad de reactivar la economía coincide con los intereses electorales de los gobernadores, que buscarán llegar a 2027 con proyectos terminados, inversiones en marcha y mejoras visibles en sus distritos.
Un estudio elaborado por la consultora Eco Go, que dirige la economista Marina Dal Poggetto, calculó que las administraciones provinciales tienen margen para incrementar sus inversiones en infraestructura en aproximadamente US$3.900 millones durante 2027, siempre que recuperen los niveles habituales de gasto registrados en anteriores elecciones presidenciales.
Ese monto representa alrededor del 0,55% del Producto Bruto Interno (PBI) y significaría una expansión real del 36% respecto de la inversión provincial correspondiente a 2025, bajo el supuesto de que el tamaño de la economía permanezca constante.
El informe señala que el gasto de capital de las provincias se ubicó el año pasado en apenas 1,55% del PBI, ligeramente por encima del 1,50% registrado en 2024, cuando alcanzó su nivel más bajo desde 2005.
Pese a que durante 2025 se verificó una mejora real del 8,2%, los recursos destinados a infraestructura todavía se encuentran un 36% por debajo del máximo registrado en 2017.
Los antecedentes también muestran que los períodos electorales suelen estar acompañados por un aumento de la inversión pública provincial. Desde 2005, el promedio de gasto de capital durante los años de elecciones presidenciales alcanzó el 2,10% del PBI, mientras que en los comicios legislativos fue del 1,99% y en los años sin elecciones descendió al 1,94%.
Además, el estudio identificó que en los años impares el gasto provincial destinado a inversiones creció, en promedio, un 8,5% real, mientras que en los pares retrocedió un 5,1%.
Uno de los principales obstáculos para aumentar la inversión es la disponibilidad de fondos, ya que la situación financiera presenta diferencias importantes entre las jurisdicciones.
Según Eco Go, los depósitos provinciales alcanzaban los $19,6 billones en agosto. No obstante, al descontar los recursos ya utilizados por los distintos tesoros, la liquidez disponible se reducía a $10,4 billones, equivalentes a unos US$6.900 millones.
El relevamiento identificó a ocho provincias con capacidad financiera para recuperar sus niveles históricos de inversión en años electorales. En ese grupo aparecen Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Chubut, Corrientes, Neuquén y Córdoba.
Por otro lado, San Luis, La Rioja, Jujuy, Salta, Entre Ríos y Río Negro dispondrían de recursos para financiar parcialmente el incremento de las obras.
La situación es más restrictiva en Formosa, Misiones, Chaco, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego, donde los fondos disponibles no alcanzarían para cubrir siquiera la mitad de la diferencia necesaria para regresar a los niveles tradicionales de inversión.
En tanto, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe ya presentan niveles de gasto superiores a sus promedios históricos correspondientes a los años presidenciales.
Para la consultora, el acceso al financiamiento será determinante para definir qué provincias podrán acelerar sus proyectos, especialmente porque los depósitos disponibles no están distribuidos de manera uniforme. La deuda provincial, por su parte, representa aproximadamente el 3,3% del PBI.
Mientras las provincias evalúan cómo financiar nuevos proyectos, el Ministerio de Economía avanza con un esquema de concesiones viales que busca mejorar la infraestructura nacional sin comprometer recursos directos del Tesoro.
En los últimos días, Caputo destacó trabajos de recuperación sobre distintos corredores estratégicos. Entre ellos figura el denominado Tramo Pampa, que comprende 546,65 kilómetros de las rutas nacionales 5 y 35, entre Luján y Santa Rosa.
También se anunciaron intervenciones sobre más de 360 kilómetros de las rutas 12 y 14, vinculadas al corredor del Mercosur, y otros 59 kilómetros correspondientes a la ruta 174 y la conexión Rosario-Victoria.
Las tareas incluyen reparaciones del pavimento, bacheo, sellado de grietas y mejoras en las condiciones de seguridad vial. En el Tramo Pampa, los trabajos iniciales se completaron en aproximadamente tres meses, por debajo del plazo contractual previsto de un año.
A través de este modelo, el Gobierno busca atraer capitales privados para sostener las inversiones en infraestructura, sin modificar su política de reducción del gasto público y preservación del superávit fiscal.
La posibilidad de incrementar las obras cobra especial importancia por la crisis laboral que atraviesa el sector. De acuerdo con los datos recopilados por Eco Go, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 la construcción perdió aproximadamente 63.400 puestos de trabajo asalariado registrado.
La industria manufacturera también sufrió un fuerte deterioro, con una reducción cercana a los 90.900 empleos durante el mismo período.
En términos generales, desde el comienzo de la administración de Javier Milei, el sector privado formal acumuló una pérdida de alrededor de 264.000 puestos de trabajo, un indicador que refleja las dificultades de la economía para generar nuevas oportunidades laborales.
En ese contexto, la recuperación de la construcción podría contribuir a dinamizar otras actividades relacionadas, como la producción de materiales, el transporte y los servicios.
Sin embargo, el resultado dependerá de la capacidad de las provincias para conseguir financiamiento y de la velocidad con la que se concreten las inversiones privadas. Con las elecciones de 2027 cada vez más cerca, el desafío del Gobierno será transformar los anuncios de infraestructura en actividad económica y empleo efectivo, sin abandonar el ajuste fiscal que sostiene como uno de los pilares de su gestión.
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